Las polis degeneran en democracias y las democracias en despotismos”.
Aristóteles
Todavía ayer por la mañana la mayoría de los diputados pensaban que la iniciativa de reforma electoral constitucional, mayoriteada por Morena y sus aliados en comisiones de la Cámara de Diputados, se presentaría ayer mismo en el pleno. El presidente López Obrador daba por hecho en la mañanera que sería rechazada: “El bloque conservador -dijo- no quiere que haya menos cargos, menos senadores, quieren seguir manteniendo los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo”.
Pero algo pasó en el camino. Ayer temprano el coordinador de los diputados de Morena le dijo a Ciro Gómez Leyva en su programa radiofónico que se pospondría el voto hasta el 6 de diciembre. Más tarde lanzó un tweet que decía: “Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la @Mx_Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes”.
Esto pasó mientras el presidente hablaba en la mañanera. Cuando un reportero le informó que la iniciativa no sería votada hasta el 6 de diciembre, respondió que de todas formas lanzaría su plan B, una reforma a las leyes secundarias: “Por ejemplo, el que no se compren los votos”, dijo. No recordó, quizá, que la compra de votos ya está prohibida.
La iniciativa constitucional no tenía posibilidades de obtener ayer las dos terceras partes de los votos para su aprobación, pero tampoco las tendrá la semana próxima. El aplazamiento poco tiene que ver con la prudencia y mucho menos con dar tiempo para el análisis. Si bien la iniciativa es extraordinariamente larga, la mayor parte es paja: un simple registro de iniciativas antiguas que no habían sido dictaminadas. El articulado de la reforma es el mismo que el presidente presentó el 28 de abril y que ha sido ampliamente discutido entre legisladores y en medios.
La oposición ha unido filas para impedir la aprobación de esta reforma. Se necesitaría mucho trabajo de chantaje o moches para que el gobierno pudiera obtener la mayoría calificada que necesita. Los líderes de la oposición saben que esta iniciativa es distinta a la que, por ejemplo, llevó a la ampliación del plazo en que la fuerza armada permanente podrá participar en funciones de seguridad pública. Esta es una reforma que, en caso de tener éxito, cargará los dados en las elecciones futuras para favorecer al partido mayoritario. Votarla es abrir el camino a la reimposición de un partido hegemónico. Para los partidos pequeños es tanto como votar su extinción.
Los líderes de los partidos satélite del gobierno están conscientes. Por eso, tanto el Partido del Trabajo como el Partido Verde cuestionaron esta reforma, que les quitará recursos y posiciones políticas, que está hecha para favorecer a Morena y no a ellos. La decisión del presidente de no esperar el voto de la iniciativa antes de lanzar su plan B es señal de que está decidido a prescindir de sus aliados.
La confusión que ha rodeado a esta iniciativa revela que hay diferencias no solo entre el gobierno y la oposición, sino también entre el gobierno y sus aliados. Nadie en el grupo en el poder se atreve a contradecir al presidente, pero legislar al vapor está causando problemas en la alianza. El presidente, sin embargo, quiere reglas electorales nuevas antes de las próximas elecciones.
Editorial
El diario The Washington Post publicó ayer un editorial que dice: “México debe detener la última maniobra de López Obrador”. El presidente, afirma, está tratando de reestablecer el “sistema autoritario que prevalecía bajo el PRI. Estados Unidos tiene muchos intereses en México, pero ninguno más importante que asegurar que la democracia florezca”.
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