Ciudad de México.- El delito de extorsión, en sus múltiples manifestaciones, ha rebasado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno no sólo por la dimensión del problema, sino por los rasgos que ha adquirido, concluyó el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad (ONC).
En el informe “La extorsión bajo el caleidoscopio, muchas modalidades y pocas políticas públicas”, la ONG advierte que la impunidad frente a este ilícito es prácticamente absoluta, ya que los riesgos para los extorsionadores son mínimos y las ganancias ilimitadas.
El atraso normativo, la baja denuncia y la incapacidad hacen que la impunidad sea enorme y, por lo tanto, que sea un delito que pues genera un riesgo mínimo para el que lo comete y una ganancia enorme, y la autoridad, de nuevo de brazos cruzados”, sostuvo Francisco Rivas, director de la organización.
“Los instrumentos de medición y acervos públicos de información sobre extorsión resultan insuficientes para caracterizar aspectos clave, como la relación entre víctimas y victimarios, los daños materiales, los delitos conexos o relacionados, entre otros”.
El documento, presentado ayer, señala que las cifras oficiales evidencian que la extorsión es un delito de alta frecuencia tanto en hogares como en unidades económicas, pero de bajísima denuncia.
En el 59.6% de las denuncias que derivaron en carpeta de investigación no pasó nada y el 26.3 % seguía en trámite. En el 2.8% de los casos se logró poner al delincuente a disposición de un juez o se otorgó el perdón”, agrega.
“Si bien esta brecha entre ambos se debe a cuestiones metodológicas propias de cada instrumento, también revela que la medición de este delito tiene importantes áreas de oportunidad”.
Este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 9 mil 303 casos de extorsión de enero a octubre, cifra 19.7 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del 2021.
Para la organización, la respuesta institucional no cumple con las expectativas de las víctimas de extorsión en sus distintas modalidades, y en muchos casos la respuesta brilla por su ausencia o se acota a difundir información preventiva y números telefónicos de registro.
En otros casos, agrega el ONC en el informe, la respuesta se activa al momento de la denuncia formal, pero no hay forma de darle seguimiento y, en el peor escenario, deriva en extorsiones por parte de las mismas autoridades o en situaciones de revictimización.
Este 2022 será el peor año en materia de extorsión de la historia del País, el segundo peor es 2021, el tercero es 2019 y el cuarto es 2020, es decir, esta Administración federal es la peor en materia de extorsión”, sentenció Rivas en videoconferencia.
“Necesitamos crear una Ley General en materia de extorsión que permita tener un marco básico de investigación, que señale los tramos de responsabilidad y atienda a las víctimas”.
La ONG planteó otras recomendaciones como establecer un protocolo de actuación en materia de extorsión, fundamentado en una ley general, para establecer lineamientos y criterios que permitan atender la diversidad de expresiones delictivas relacionadas con el ilícito.
JRL