Irapuato, Guanajuato. – La sentencia que se le dio al “El Jordan” por el homicidio de las personas del anexo ‘Buscando el Camino a mi Recuperación’ marca un precedente en la justicia de Guanajuato y la indemnización a las familias podría ser pagada por instancias de gobierno, mencionó Manuel Arredondo Zapién, presidente del Colegio de Abogados de Irapuato.
Comentó que los casi ocho siglos que se le impusieron de sentencia no es posible que los cumpla, pero hay algo que deja entrever el Poder Judicial del Estado, que cualquier persona que cometa algún delito será castigada.
La certeza de que quien se equivoque va a ser sancionado, porque el Poder Judicial desde nuestro punto de vista está haciendo las cosas de manera adecuada, es decir respetando las garantías y el debido proceso de cualquier persona que se vea inmiscuida en cualquier situación de esa naturaleza, es por tanto que creemos que la sentencia fue la adecuada, porque no solamente se tiene que decir la cantidad de años, sino el daño que produjo a las familias y a las víctimas”, dijo.
Agregó que en el Código Nacional de Procedimientos Penales existe la figura de las víctimas de los ofendidos, y se tiene que reparar el daño a los familiares de las víctimas.
“Creemos que toda persona tiene que ser juzgada en los términos de nuestra constitución respetando el debido proceso y las garantías de si es culpable o no, esto lo determinan los tribunales y en caso concreto consideramos que la sentencia es adecuada y necesaria para que nuestra sociedad esté un poco más tranquila sobre lo que está sucediendo en cuanto a inseguridad”, indicó.
Señaló que la condena de 797 años es un precedente, pues de acuerdo a la Reforma Constitucional en materia de amparo, ahora las resoluciones que se decreten por los tribunales serán tomadas en consideración.
En cuanto a la cifra millonaria que el culpable tendría que pagar para reparar los daños a los familiares, el presidente del Colegio de Abogados de Irapuato mencionó que esta podría ser imposible pagar para ‘El Jordán’ por la participación en el crimen.
Sin embargo, no creo que tenga la posibilidad de cubrir esa suma (…) nosotros consideramos que el estado debe darle la opción a la víctima, al ofendido que a través de las instituciones de carácter público le ayuden a superar estas situaciones, es decir el propio estado tiene instituciones gratuitas que ayudan a la víctima a través de delitos de psicología, psiquiatría, en atención médica, sería una forma, no creo la posibilidad que tengan otra”, concluyó.