2024 y la consulta
A partir del 3 de febrero y hasta el 30 de marzo, los panistas de Guanajuato se preguntan entre ellos cómo quieren elegir a su candidato o candidata a gobernador del estado.
Menos mal que los 16 mil 21 militantes tienen derecho a opinar. Otra cosa será si sus jefes les hacen caso o no.
Los panistas pueden decir lo que quieran sobre el próximo proceso electoral en Guanajuato. Supuestamente sí serán escuchados.
El reto de los dirigentes panistas que comanda el irapuatense Lalo López Mares y la leonesa Rosario Corona, presidente y secretario general, respectivamente, es sacudir a la militancia aletargada una buena parte bajo la comodidad del cobijo de la nómina pública, sin advertir la batalla que viene.
Como muestra basta un botón. La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador ayer en Guanajuato capital fue para alentar los programas del Bienestar, que en la entidad alcanzan al millón de beneficiarios, principalmente en la pensión de adultos mayores cuyo padrón ronda ya los 600 mil.
En pasadas elecciones, a los panistas también les preguntaron su opinión y la respuesta fue que quieren volver a la elección interna, no más designación, o sea ¡fuera dedazo!, para elegir a sus candidatos.
La encuesta en marcha ahora es de 23 preguntas, la primera: ¿cuál de los métodos de selección que establece la normativa interna para definir las candidaturas considera que debe aplicarse en lo estatal y municipal?, las opciones son tres: votación por militantes, designación y elección abierta de ciudadanos.
El jefe nacional Marko Cortés vino a alborotar la gallera al decir que habrá una elección interna y la apuesta es mujer. Aunque seguramente su palabra no es ley porque supuestamente tienen derecho a opinar todos los órganos electorales del partido, pero también está claro que la voz del Presidente tiene peso.
El asunto está en que aspirantes a la candidatura a la gubernatura, como la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, muy cercana a Marko por cierto; Luis Ernesto Ayala Torres, Erandi Bermúdez y Alejandro Navarro, se han pronunciado por abrir la definición a la ciudadanía, no solo a panistas.
Ale y Ayala hablan de encuestas, Erandi y Alejandro proponen elección abierta.
El consejero nacional Carlos Medina Plascencia y el grupo de ex gobernadores azules auto llamados como “Unidos por México”, impulsan un método abierto de elecciones primarias desde la selección del candidato opositor a la Presidencia.
De ahí que tiene relevancia la pregunta sobre postular candidaturas a militantes, no militantes, o no importa si son o no militantes.
Otra de las preguntas a los 16 mil 21 blanquiazules es: ¿quién te gustaría que ocupara la gubernatura en 2024-2030?, una mujer, un hombre, o no importa el género. La misma pregunta les hacen respecto a la diputación federal, local o alcaldías.
Pero el cuestionario no se queda ahí, y pide a los militantes poner con nombre y apellido qué hombres y mujeres ve hoy como los más idóneos a distintos cargos. Se pondrá sabrosa la contienda cuándo se conozcan los resultados.
Hora de la acción
Por más que Lalo López intente calmar los ánimos de los suspirantes azules, la carrera del 2024 ya está en marcha y será mejor que aproveche el ímpetu de los suspirantes.
La senadora y aspirante a la candidatura a la gubernatura, Alejandra “La Wera” Reynoso, plantea la necesidad de foros y debates entre los animados. No son tiempos electorales, eso está claro, pero la dirigencia estatal no tarda en convocar a todos para diseñar la ruta del 2023-2024 en Guanajuato.
Por cierto, aunque las miradas están centradas en una contienda Alejandra Gutiérrez-Libia García, La Wera Reynoso no tiene la intención de hacerse a un lado. Sabe que es una batalla complicadísima, pero tal vez se arrepienta de no intentarlo.
Ya con los resultados de la consulta inter-azul será interesante ver qué dicen los aspirantes para aterrizar el método de elección de candidaturas y armar el proyecto. Hasta ahora no ha habido ninguna reunión de la dirigencia azul y los suspirantes.
Otra de las preguntas de la consulta es si ¿estás de acuerdo que el PAN celebre convenio de coalición total, parcial o flexible con otros partidos políticos?, y si esa alianza debe ser para gubernatura, diputaciones, ayuntamientos, o en todo.
López Mares ya ha dicho que, si por él fuera, en Guanajuato van solos. Pero en esto sí no se manda solo, hay que esperar cómo cuaja la alianza federal con PRI y PRD. Una alianza a la gubernatura implicaría negociar a que el PAN ceda espacios por ejemplo al Senado o diputaciones federales, que hoy no está dispuesto a dar.
El dolor de cabeza de subir el transporte
Otra vez la negociación del incremento de las tarifas del servicio de transporte público en León se convirtió en dolor de cabeza para todos (concesionarios, autoridades y por supuesto para los usuarios).
A nadie le gusta pagar más, así sea solo un peso en tarifa general ($13) y con tarjeta general PagoBús ($12), y que se haya mantenido la tarifa preferencial para estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores en $5.20.
Para amortiguar el impacto directo a los usuarios, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez optó por un subsidio de 95 millones de recursos municipales etiquetado a la renovación de unidades. Es una aportación anual, pero seguramente esta aportación sentará un precedente para futuras negociaciones.
Lo que está claro que no funciona es una Comisión Mixta Tarifaria que se convoca una vez cada trienio para decidir, en dos reuniones, un tema tan importante para la ciudad, y con información técnica y financiera que todos coinciden es insuficiente.
Para empezar el análisis parte de una petición de incremento de los concesionarios con base a sus estudios financieros propios, y no validados por auditores externos.
El acuerdo ahora establece que habrá una revisión anual a las tarifas, eso no significa un ajuste automático, pero sí sentarse a la mesa para analizar condiciones.
No pierda de vista la resolución de la demanda de amparo que colectivos de movilidad urbana y el director de Amicus, Juan Pablo Delgado, presentaron para obligar al Municipio a modificar la inversión con base a la pirámide de movilidad. Si la justicia federal les da la razón, eso lo cambiará todo.
Policía de Celaya, y su depuración
El despido de 29 policías de Celaya volvió a evidenciar la poca transparencia con la que se maneja el Gobierno Municipal.
El fin de semana pasado, varios policías celayenses que tenían años en la corporación, fueron citados a la comandancia para informarles que habían sido despedidos.
Luego de que los policías avisaron a los medios de comunicación de esta situación, la Secretaría de Seguridad informó en un escueto comunicado que era parte de la reestructuración al interior de la corporación policiaca.
Varios de los agentes despedidos se negaron a firmar su finiquito pues su salida no era voluntaria, por lo que exigieron su liquidación conforme a la ley.
El secretario de Seguridad Municipal, Jesús Rivera Peralta justificó el despido de los uniformados por una baja productividad y negó que estuviera relacionado a temas disciplinarios. Sin embargo, no es la primera ocasión que se da un despido de policías originarios de Celaya.
La estrategia de intentar resarcir el déficit de elementos con los conocidos como fedepales -policías federales y municipales- comenzó con el exsecretario Miguel Ángel Simental y ha continuado con Jesús Rivera.
A pesar del discurso de fomentar la policía local, lo cierto es que el gobierno celayense ha hecho poco por fortalecer el Instituto de Formación Policial (Infopol) para que egresen más cadetes celayenses.
Y más allá de eso la administración local tampoco da claridad a la ciudadanía sobre los cambios que se hacen en aras de mejorar la seguridad.
Ahora se anuncia el fortalecimiento de la corporación con más elementos federales; cualquier medida que contribuya a mejorar la situación que vive desde hace años este municipio, siempre será válida, pues esta semana la ciudad volvió a vivir bloqueos con vehículos incendiados y Oxxos dañados, una situación que no merecen padecer los celayenses.
Los grupos vulnerables, piedra en el IEEG
El martes, el Consejo General del IEEG aprobó el plan de trabajo para la realización del estudio que permita conocer la situación sociodemográfica, distribución geográfica y características de participación político-electoral de personas con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual en el estado.
Esto, como seguimiento al hecho de que el 22 de diciembre de 2022, este Consejo General ordenó a la Comisión de Igualdad de Género la realización del estudio para determinar si es viable darle candidaturas a diputados locales a esos tres grupos poblacionales.
Dicho estudio fue ordenado por el Tribunal Estatal Electoral después de revocar un acuerdo del Consejo General del IEEG del 8 de marzo de 2022 en el que, solo por mayoría, aprobaron una ocurrencia sacada de la manga de la presidenta Brenda Canchola Elizarraras de ordenar a los partidos políticos dar candidaturas de mayoría a discapacitados, afromexicanos y personas de la diversidad sexual, que nadie había pedido ni propuesto.
Y otra vez, este martes, como en todas las sesiones en que se ha abordado este tema, no hubo unanimidad y en cambio sí una larga y ríspida discusión de cuatro horas, que abarcó dos sesiones. Porque en la primera, el tema derivó en este estudio. Por lo visto, resolver este punto no dejará de ser una piedra en el zapato de los consejeros electorales durante todo este año.
Empezando porque el protocolo de investigación fue cuestionado por las consejeras Nora García Huitrón y Sandra Prieto de León, porque coincidieron en que no va dirigido al objetivo que busca el Instituto Electoral: determinar si son viables o no las candidaturas a diputados de afromexicanos, discapacitados y homosexuales.
La única que votó en contra del plan de trabajo fue la consejera Nora García Huitrón, quien aclaró que no está en contra del estudio, sino que este busca encontrar datos estadísticos, al grado de que los entregables son el resultado de una investigación, cuando no se busca eso, sino un estudio de posibilidades de abrir las puertas a todos los grupos.
La consejera electoral Sandra Prieto de León también cuestionó varios aspectos del plan. Citó que en un apartado es un estudio netamente estadístico. “Desde mi punto de vista tiene que ser más allá de una cuestión netamente estadística”.
Además de que no es una investigación para publicarse y le parece que no están bien desarrolladas las etapas de la investigación.
Miriam Araujo, representante de Morena, dijo estar de acuerdo en que el estudio sea realizado por especialistas y porque el año pasado el Consejo General aprobó medidas afirmativas sin tener un estudio previo. Dijo que su partido está de acuerdo en que se apliquen.
Reconoció que no está presupuestado el recurso para el estudio, por lo que se financiará primero con dinero de la Secretaría Ejecutiva y se está haciendo el análisis de dónde se tomará lo demás.
El famoso estudio, según José Belmonte Jaramillo, representante del PRD, costaría 650 mil pesos de recurso público.
El consejero Luis Gabriel Mota aclaró que el estudio no tendrá costo, sino que lo hará la Unidad Técnica Jurídica. Pero habría que considerar si no rebasaría su trabajo.
La consejera Concepción Aboytes Sámano también afirmó que no tendrá un costo. Pero cuestionó que sea la Unidad Técnica quienes decidan sobre estas acciones, porque no son especialistas, por lo que insistió que debe ser la Comisión de Igualdad de Género.
Sandra Prieto insistió en aclarar que no se erogará nada de dinero para elaborar el estudio ni se contratarán más plazas, pues se tratará de un trabajo de escritorio.
“Se los dije”: Beatriz Tovar
La consejera Beatriz Tovar recordó que desde 2021 ella propuso que se hiciera un estudio sobre los grupos de vulnerables, pero no tuvo eco. Y tuvo que venir una resolución de un Tribunal a ordenarles para que lo hagan.
“Pero yo me pregunto: ¿son los únicos grupos subrepresentados? Me parece que no. Y el derecho de participación no es la única forma de obtener una curul”, señaló con un llamado a la reflexión.
El consejero Antonio Ortiz consideró que no pueden ir con los grupos de vulnerabilidad a decirles que no pueden hacer nada porque los estudios son muy costosos.
MCMH