Durante el juicio que una corte de Brooklyn sigue en contra del exsecretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, un exagente federal reveló las claves con que se permitía el paso de droga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México:
“Por 45 todos en 35”, que significaba que por órdenes superiores los agentes en turno debían suspender la revisión de equipajes, y “79” y “40”, códigos que hacían referencia a maletas con droga y dinero, respectivamente.
Según la declaración del exfederal Raúl Arellano, esto ocurría dos veces por semana, regularmente tras el arribo de aeronaves procedentes de Sudamérica.
Arellano estuvo adscrito al AICM entre 2003 y 2015, hasta que asqueado decidió darse de baja, según dijo.
El suyo es uno de los testimonios más relevantes que se han dado hasta ahora en el juicio, no solo porque no proviene de un criminal en busca de beneficios, sino porque pone sobre la mesa una realidad que hasta la fecha se mantiene inalterable: el tema del aeropuerto capitalino como una de las mayores ventanas que hay en México para el tráfico de dinero, drogas y artículos ilícitos.
En 2008 el AICM fue catalogado como “una coladera”. Un reporte oficial ubicó cuatro puntos críticos y de alto riesgo dentro de sus instalaciones. Eran los lugares a los que llegaba la droga.
El informe señalaba en primerísimo lugar la banda 10, a donde iba a parar el equipaje que venía en vuelos procedentes de Centro, Sudamérica y el Caribe, y frente a la cual transitaban más de 6 mil personas diariamente.
Los otros puntos eran el filtro migratorio y la zona fiscal: la aduana, y la zona de carga, en la que operaban 11 líneas aéreas. En aquellos años se habló del relevo de más 100 agentes federales adscritos al aeropuerto y sobre los que pesaban sospechas de corrupción. Pero en el fondo nada cambió: policías, empleados de las aerolíneas, personal de Aduanas y Hacienda siguieron formando parte de la red.
En junio de 2012 las cámaras de vigilancia de la Terminal 2, a la llegada del vuelo de Aeroméxico 919 procedente de Lima, captaron a un agente federal que se introducía en el baño de la sala de llegada y salía diez minutos después, cuando la mayor parte de los pasajeros se habían retirado, con un bulto bajo la chamarra.
Más se tarde se sabría que aquella era una de las prácticas de introducción de droga más frecuentes en el aeropuerto. Alguien dejaba la maleta o un bulto en el baño. Y agentes federales se encargaban de sacarlos.
Aquella mañana, tras salir del baño, el agente Zeferino Morales Franco se dirigió al área de comida rápida. El titular de estación del aeropuerto envió tres oficiales con la orden de revisarlo y, en su caso, detenerlo. Morales estaba en una de las mesas con dos civiles.
Cuando uno de sus compañeros le pidió que se abriera la chamarra, Morales se incorporó y abrió fuego en su contra. Le disparó cinco veces.
Otros dos federales que formaban parte de la red de tráfico, Daniel Cruz García y Bogart Felipe Lugo de León, dispararon contra los agentes que venían atrás del primer oficial. Ambos perdieron la vida.
Los videos mostraron a los agresores corriendo en medio del caos hacia el área de taxis. Bogart Felipe se encaminó hacia el estacionamiento, abordó una camioneta y huyó derrapando llantas.
Curioso: le correspondió al entonces jefe de seguridad regional Luis Cárdenas Palomino, mano derecha de Genaro García Luna, y hoy bajo la lupa de la justicia, salir a dar la cara para explicar los hechos.
Los agresores fueron buscados por cielo, mar y tierra, pero a los hechos del aeropuerto se les echó tierra. El asunto fue tratado, simplemente, como un caso de traición a la Policía Federal.
El testimonio del exfederal Arellano deja ver el verdadero trasfondo: que Zeferino Morales y sus cómplices no eran una excepción. Policías federales que formaban parte de “un grupo especial” ayudaban a los cárteles a descargar, dice Arellano, y luego repartían las ganancias a lo largo de la cadena de mando.
Lamentablemente, esto no terminó. Por el contrario: sigue ocurriendo. Los cárteles continúan traficando en el aeropuerto, la gran puerta de entrada de enervantes a la capital del país; apenas en octubre pasado se dio a conocer un reporte hackeado a la Secretaría de la Defensa Nacional por los integrantes del grupo conocido como Guacamaya.
Según el documento, los cárteles están coludidos con personal de cinco aerolíneas: Avianca, Lan, Aeroméxico, Taca y Copa Airlines y poseen en el aeropuerto capitalino una extensa red de complicidades de la que forma parte personal de Hacienda.
Los decomisos hablan de la magnitud de los cargamentos y de la forma en la que los narcotraficantes se las ingenian para pasar la droga. Justo en octubre se detectaron 8 mil kilos de cocaína que llegaban dentro de botellas de champú. Poco antes la Marina había asegurado 50 kilos en maletas de ropa impregnada con cocaína.
La droga que compra autoridades y financia campañas políticas baña el país. La respuesta a todo eso no está solo en el pasado: está también ahí, hoy mismo, en el aeropuerto. Allá ustedes si quieren volver a cerrar los ojos.