Los videos de la tala y devastación generadas por la construcción del Tren Maya son dolorosos. Más es saber que la obra, que no cuenta con un estudio previo de factibilidad, terminará siendo uno más de los elefantes blancos que durante décadas han dejado arrumbados los gobiernos de nuestro país.
Hace unos días se dio a conocer una suspensión definitiva del tramo 5, por lo menos mientras la autoridad no someta al juez los documentos sobre el cambio de uso de suelo, pero Fonatur ya ha señalado que ni así detendrá la tala. Estamos en el país del “Y que no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.
El daño ambiental es ya enorme. Aun si por algún milagro se detuviera hoy total y permanentemente el proyecto, se requerirían cuando menos 20 años para que se reconstituyera la vegetación afectada. No conocemos hasta el momento, por otra parte, si los daños a las cuevas y ríos subterráneos, que forman uno de los ecosistemas más delicados del mundo, son ya definitivos.
Uno puede entender que un proyecto productivo o de infraestructura genere algún daño en el ambiente. Varias carreteras, por ejemplo, se despliegan por distintas rutas sobre toda la península de Yucatán. Su construcción tuvo también consecuencias ambientales negativas, pero los beneficios económicos que han traído consigo compensan, cuando menos parcialmente, estos daños. No puede haber desarrollo sin tocar, de alguna forma, el ambiente. No podemos simplemente quedarnos sin trabajar, admirando la belleza del entorno, si queremos dar un mejor nivel de vida a nuestras comunidades.
El problema con el proyecto del Tren Maya es que no hay ninguna indicación de que pueda ser rentable. Los trenes de pasajeros rara vez lo son en el mundo, de hecho, en contraste con los de carga, que pueden transportar mercancía pesada y voluminosa de manera competitiva.
El gobierno no ha dado a conocer ningún estudio sobre los flujos de ingresos y gastos que prevé en el Tren Maya, como no lo hizo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ni con la refinería de Dos Bocas. Las autoridades no consideran que esto sea relevante para ningún proyecto personal del “Señor Presidente”. El Tren Maya, sin embargo, se moverá en una zona en la que hay poca carga industrial y en la que la competencia de los autobuses de pasajeros, que recorren las mismas rutas que atravesará el ferrocarril, y muchas más, dan un servicio constante y barato.
La “suspensión definitiva” del juez primero de distrito de Yucatán, Adrián Pérez Novelo, es solo definitiva mientras el gobierno no cambie el uso de suelo, que actualmente es forestal en varios lugares por los que pasará el nuevo tren. Una vez más, sin embargo, queda de manifiesto que este proyecto nunca ha cumplido con la ley, ni con las reglas de la sensatez. No se hizo un estudio de factibilidad económica, no se preparó un proyecto ejecutivo, no se obtuvo antes de empezar una manifestación de impacto ambiental, no se promovió primero el cambio de uso de suelo. La filosofía que ha seguido el presidente es: primero construyo y después averiguo.
No es la mejor manera de hacer las cosas. Al final, el gobierno tendrá en sus manos un tren que requerirá de un oneroso subsidio simplemente para funcionar, como está ocurriendo con el AIFA. Habremos destruido miles de hectáreas de vegetación, y puesto en peligro un complejo ecosistema, simplemente para cumplir un capricho, no para construir un proyecto que aporte valor a la península de Yucatán o a nuestro país.
Palabra
Jesús, el Rey Zambada, quien declaró ayer que entregó cinco millones de dólares en efectivo a Genaro García Luna, fue detenido en México en 2008 y extraditado en 2012, cuando García Luna era todavía secretario de seguridad. Lo que dice puede ser cierto, pero también es cuestionable.
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