El mejor modo de vengar la injuria es no parecerte al que te la infirió”.
Marco Aurelio
Los morenistas y sus aliados en la comisión de gobernación de la Cámara de Diputados pensaron que quedarían bien con el presidente López Obrador y aprobaron sin discusión, con el voto en contra de la oposición, una propuesta de la diputada Bennelly Jocabeth Hernández para subir las multas por injuriar al presidente en la vieja Ley sobre Delitos de Imprenta. Al presidente no solo no le gustó, sino que anunció que la vetaría. Con rapidez inusitada el coordinador morenista, Ignacio Mier, la retiró y explicó en Twitter: “La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación NO PASARÁ al pleno.”, como si estuviera frenando una iniciativa de la oposición.
La Ley sobre Delitos de Imprenta es un resabio de otros tiempos. La publicó Venustiano Carranza el 12 de abril de 1917, cuando era todavía jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, antes de ser presidente constitucional, para imponer sanciones a las publicaciones que “atacaran” la vida privada, la moral o la paz pública. La disposición no quedó dormida en un cajón estos casi 106 años; los legisladores le han hecho varias enmiendas, la última apenas el 20 de mayo de 2021. El artículo primero, que castigaba las injurias a la vida privada, ya fue abrogado.
El artículo 33 establece penas de “seis meses de arresto a año y medio de prisión y multa de cien a mil pesos” por “injurias al Presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. Dispone también cárcel de tres meses a dos años en los casos de injurias “contra el Congreso de la Unión o alguna de las Cámaras, contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra el Ejército, la Armada o Guardia Nacional”, y “tres meses de arresto a un año de prisión y multa de cincuenta a quinientos pesos” por injurias “a los secretarios del despacho, al Fiscal General de la República o a los directores de los departamentos federales, a los Gobernadores, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México”.
Las sanciones son obsoletas, pero no por los montos de las multas, como argumentaban los diputados oficialistas, sino porque son una censura. Además, resultan irrelevantes hoy en día, porque solo pueden aplicarse a impresos.
Increíblemente, los diputados que aprobaron el aumento de las multas el 14 de febrero no se dieron cuenta de que apenas el 26 de noviembre de 2020 el pleno de la Cámara ya había votado por abrogar la ley. El diputado morenista Jaime Humberto Pérez Bernabe declaró entonces: “Consideramos que para garantizar la libertad de imprenta es necesario abandonar la visión punitiva y de criminalización que esta ley establece.”. La iniciativa se mandó al Senado. y ya no se supo de ella.
El presidente bateó ayer mismo la nueva propuesta. “Me sorprendió -dijo-que autorizan en la Cámara de Diputados que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. No necesito eso. Yo no lo promoví. Lo voy a vetar. Eso para qué. O sea, no. libertad de expresión”.
La reacción es la que cabía esperar de AMLO, quien si bien aprovecha sus mañaneras para quejarse de quienes lo critican, siempre se ha pronunciado por preservar la libertad de expresión. Los diputados que quisieron quedar bien con él deberían ahora darle seguimiento a la iniciativa que abrogó la ley en 2020. El Senado debe poner fin a la larga agonía de esta legislación.
Rey Zambada
Gabriel Regino, exsubsecretario de seguridad en el gobierno de AMLO en la Ciudad de México, ha negado haber recibido dinero de Jesús Zambada, como este declaró. No hay pruebas, más que el testimonio de un criminal, como no las hay en las declaraciones de que entregó dinero a García Luna. Una vez más, se necesitan pruebas y no solo testimonios de criminales.
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