Ciudad de México.- A través de una muestra de 34 declaraciones realizadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la organización Artículo 19 documentó que en el 59 por ciento de los casos, la información que se difunde en las “mañaneras” no es verificable.
De acuerdo con el reporte “(Des) Información oficial y comunicación social”, la agrupación presentó 84 solicitudes de información y 22 recursos de revisión sobre expresiones realizadas por el Mandatario federal, entre 2019 y 2022.
Según los resultados, de las 34 afirmaciones del Jefe del Ejecutivo, sólo dos fueron respaldadas por información pública, una presentó información verificable y en dos se utilizó información engañosa.
Sin embargo, Artículo 19 pudo comprobar que, en 20 casos, que representan el 58.8 por ciento, ni la Oficina de la Presidencia de la República ni otras instituciones de la Administración entregaron datos que permitieran comprobar la veracidad o falsedad de los dichos de López Obrador.
A eso se suma que, en el 26.5 por ciento de los casos, la información pública proporcionada por las propias instituciones gubernamentales demostró que las expresiones del tabasqueño fueron falsas.
La organización seleccionó tres declaraciones sobre corrupción, nueve sobre economía, tres relacionadas con Covid-19, cuatro sobre órganos autónomos, tres vinculadas a programas sociales, nueve sobre la seguridad y tres de diversos temas.
Cuando una figura tan relevante, como lo es la Presidencia de la República, difunde información falsa o que no está sustentada en datos oficiales, se genera un profundo efecto negativo en la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, pues se perjudica el derecho de las personas a estar informadas y a ejercer otros derechos”, señaló.
“Este efecto negativo se maximiza cuando la desinformación se genera en espacios que, de inicio, deberían tener una vocación informativa, como lo es una conferencia de prensa, un anuncio público oficial o la presentación de un informe de Gobierno”.
Artículo 19 recordó que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los funcionarios públicos están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar los hechos en los que fundamentan sus opiniones.
“Deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad del que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos”, indica.
Según la agrupación, en la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión y Noticias Falsas, Desinformación y Propaganda se establece que los actores estatales no deberían efectuar, avalar, fomentar ni difundir de otro modo declaraciones que saben o deberían saber razonablemente que son falsas o que muestran un menosprecio manifiesto por la información verificable.
De acuerdo con el estudio, la ausencia de información pública que respalde las declaraciones del Presidente no se limita a las mañaneras, ya que se ha extendido a los discursos que pronuncia en actos públicos y giras de trabajo.
El análisis no solo documenta la desinformación en las conferencias o la imposibilidad de verificar las expresiones del Jefe del Ejecutivo, sino la opacidad sistemática con la que se desempeña la Oficina de la Presidencia, negándose a entregar datos o incluso declarándose incompetente para responder.
“Otra práctica deficiente que atestiguamos durante la investigación fue la creación de un ciclo en el que la Oficina de Presidencia se declaraba incompetente o indicaba no localizar información relacionada con las afirmaciones del Presidente, por lo que sugería presentar solicitudes de información ante otras instancias”, detalla.
“A su vez, las instituciones señaladas se declaraban incompetentes y sugerían presentar la solicitud ante otros sujetos obligados, entre los que en ocasiones se encontraba la propia Oficina de la Presidencia, lo que reiniciaría el ciclo. Este círculo vicioso cancela de manera efectiva las vías formales para acceder a la información pública”.
Artículo 19 refirió que los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los datos documentados en informes anuales en los que se advierte que el Gobierno federal ha desplegado una estrategia de desinformación dentro de su política de comunicación social.
Esto se acompaña de la cancelación efectiva de los procesos legales de acceso a la información, así como del ataque a voces críticas, a las que identifica como adversarias”, agrega.
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HLL