El Presidente no se puede dar por sorprendido. Su Plan B tenía marcada la inconstitucionalidad desde el principio. El mismo coordinador de la mayoría morenista en el Senado, Ricardo Monreal, lo advirtió al votar en contra en diciembre de 2022. “Protesté para cumplir y hacer cumplir la Constitución”, explicó. “El voto particular difiere de la mayoría por el momento particular que pasa, pero no es un asunto político, oportunista o coyuntural. Es la Constitución, y en eso me sostengo”.
Al Presidente no le importa. Él también protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pero lo olvidó. Públicamente ha dicho: “Y que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.
El ministro Javier Laynez concedió este 24 de marzo una suspensión “respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentren y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”. Es natural. También juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. De hecho, la función principal de la Corte es defender la carta magna. Nadie debería reclamarle al ministro por cumplir su responsabilidad.
Este sábado 25 de marzo, sin embargo, el presidente López Obrador recurrió a su habitual catálogo de descalificaciones personales para atacar al ministro y a otros: “Es la misma mafia, son lo mismo que Ciro [Murayama], Claudio X. González, que los conservadores. No quieren que haya democracia porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia. ¿Saben qué es la oligarquía? Es el gobierno de los ricos, y la democracia es el gobierno del pueblo. Ellos no quieren el gobierno del pueblo. Entonces por eso no quieren la reforma electoral”.
Una vez más exhibió su obsesión de que nadie gane más que él: “Los distinguidos miembros del poder judicial y del INE ganan más que el presidente de la república, y como la ley lo que busca es reducir los sueldos elevadísimos de los consejeros y de los jueces, magistrados, ministros de la Corte, pues no quieren. Ellos tienen como Dios al dinero; su único Dios es el dinero, ese es el fondo del asunto”.
Pero no, el propósito fundamental de la reforma no es bajar sueldos de funcionarios, sino eviscerar el sistema electoral y reconstruir un régimen de partido hegemónico, sin alternancia en el poder, sin organismos autónomos que equilibren las facultades del presidente.
López Obrador sabía que la mayoría de los ministros no avalarían una violación abierta de la Constitución. Ni siquiera sus incondicionales, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, podrán hacerlo sin sufrir el juicio de la nación. La lectura de la Constitución y del Plan B no deja lugar a dudas. La mayor parte de la ley secundaria es inconstitucional.
Por eso el Gobierno ha concentrado su esfuerzo actual en entregar a simpatizantes los cuatro nuevos lugares en el consejo general del INE. “Lo lamentable, lo alarmante -ha dicho el diputado panista Jorge Triana-es la amenaza del Secretario de Gobernación de que habrá el método de la tómbola, de la insaculación, para tratar de imponer perfiles, que no tendrán una votación de dos terceras partes, por lo que terminarán ganando e imponiendo a los suyos”.
Es injusto escoger a árbitros que de antemano son parciales, pero por lo menos esta maniobra es constitucional. El Plan B, en cambio, viola la Carta Magna. Al ministro Laynez hay que aplaudirle su valentía en defender a la Constitución ante las descalificaciones del Presidente.
Inocente
AMLO no es el único que se queja del sistema judicial. Su amigo Trump declaró ayer que la “armamentización de nuestro sistema de justicia… es el tema central de nuestro tiempo”. Las acusaciones en su contra, dijo, “probablemente me hacen el hombre más inocente en la historia de nuestro país”.
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