“Sí, estoy orgullosa de ser la hija de un minero de carbón”.
Loretta Lynn
No es una iniciativa que pretenda mejorar la minería. Su propósito es, más bien, acabarla o dejarla en manos del gobierno. De aprobarse, se estará poniendo fin a ese país minero que México siempre ha sido. Tendremos que convertirnos en importadores de todos los metales y minerales que consumimos.
Quizá el aspecto más importante de la iniciativa enviada al Congreso por el Ejecutivo este 28 de marzo radica en la disminución de la vigencia de las concesiones de 50 a 15 años. Solo se permitirá, además, una prórroga, por el mismo tiempo. Las concesiones se otorgarán únicamente sobre minerales o sustancias específicas.
Quien redactó la iniciativa no conoce la minería. Las operaciones pueden tardar entre cinco y 10 años solo para empezar a producir. Limitarlas a 15 años, con una sola prórroga, vuelve inviables muchos proyectos. La minería moderna, por otra parte, se realiza con técnicas muy diferentes a las de los viejos tiempos. Ya no se extraen, por ejemplo, pepitas de oro; se obtiene material pétreo que se somete a procesos de lixiviación para liberar pequeñas cantidades de metales. Pretender que si se tiene una concesión de oro habrá que tirar la plata o el cobre que también se consigan es una insensatez.
La iniciativa busca cambiar el régimen de las asignaciones, que ahora se podrán entregar a empresas paraestatales, pero con una diferencia notable: las asignaciones a firmas estatales tendrán una vigencia indefinida, no solo de 15 años. Como decía Napoleón, el cerdo de la novela de George Orwell Rebelión en la granja: “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que los otros”.
La iniciativa condiciona las concesiones mineras a la disponibilidad de agua; pero como dos terceras partes de México están clasificadas como áridas, esto eliminará la actividad minera de la mayor parte del territorio nacional. Estados como Chihuahua, Coahuila, Sonora o Zacatecas serán forzados a abandonar la minería. El daño social será brutal.
Las concesiones mineras que están actualmente en trámite serán desechadas de manera automática, sin importar sus méritos. Las que se hayan otorgado antes de esta reforma se reducirán a 15 años, sin posibilidad de prórroga. Esto viola el principio de no retroactividad de la ley, pero también el Tratado México-Estados Unidos-Canadá.
Hay algunos elementos positivos en la iniciativa. Me parece correcto, por ejemplo, que las concesiones se otorguen mediante concurso, y no por una simple decisión de la autoridad, lo cual generaba abusos y preferencias indebidas, pero además dejaba muchas concesiones sin explotar. Coincido también con la decisión de eliminar la calificación de la minería como actividad preferente, lo cual permitía a los concesionarios buscar la expropiación de terrenos que podían tener otra vocación.
Estas medidas positivas, sin embargo, no ayudan a compensar el enorme daño que la legislación, en caso de aprobarse, hará a la minería y al país. Una vez más el gobierno está regulando una actividad sin conocerla y sin consultar a quienes la realizan.
La minería da empleo en México a 406 mil trabajadores, los cuales obtienen una remuneración 37 por ciento superior al promedio nacional. Hay actividad minera en 24 estados del país. Acabar con esta actividad histórica, o limitarla a lo que puedan producir unas cuantas empresas paraestatales, es un golpe contra la economía de México, que tendrá que importar todo, y la de cientos de miles de mexicanos que trabajan en la industria.
Fórmula
La mejor fórmula para que una tarea salga mal es diluir las responsabilidades. La política migratoria mexicana está a cargo de la Secretaría de Gobernación, pero la ejecuta Relaciones Exteriores; la investigación sobre la tragedia de los migrantes de Juárez la hace la FGR, pero la conferencia para informar la da la secretaria de seguridad. ¿Qué podría salir mal?