Hoy mantenemos nuestra solemne responsabilidad de asegurar que todos sean iguales ante la ley. Ninguna cantidad de dinero ni cantidad de poder cambia este duradero principio”.
Fiscal Alvin Bragg
En una caravana de camionetas negras encabezada por una patrulla y seguida por una ambulancia, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se trasladó ayer del edificio Trump, donde se encuentra su apartamento neoyorquino, al Tribunal Penal de Manhattan. Por primera vez en la historia un expresidente estadounidense compareció ante un juez para enfrentar acusaciones penales. Ni siquiera Richard Nixon tuvo que hacerlo porque su sucesor, Gerald Ford, le otorgó un perdón por sus delitos.
El caso contra Trump es relativamente menor: se refiere a un pago ilegal de 130 mil dólares en 2016, cuando era candidato presidencial, a una actriz porno conocida como Stormy Daniels para evitar que ésta declarara que había tenido un encuentro sexual con él. Michael Cohen, abogado de Trump, realizó el pago y se ha declarado ya culpable de violar las leyes de financiación de campañas electorales. Si bien Trump ha negado haber tenido ese encuentro sexual, reconoció haber reembolsado al abogado, quien lo facturó como ingresos por servicios legales. Pagar a una persona por un acuerdo para no revelar información no es ilícito, pero sí registrarlo como gasto de campaña o empresarial deducible de impuestos.
Como en Estados Unidos se respeta la presunción de inocencia, y en pocas ocasiones se aplica la prisión preventiva, Trump pagó una fianza y enfrentará su juicio en libertad. La próxima audiencia será el 4 de diciembre. La acusación, que tiene muchas aparentes debilidades, puede fortalecerlo políticamente. Ayer el expresidente escribió en Truth Social, su red social: “Los demócratas de izquierda radical han criminalizado el sistema de justicia. Esto no es lo que América [Estados Unidos] debiera ser”. Mucha gente acepta esta narrativa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró el 21 de marzo: “No nos estamos chupando el dedo. Es para que no aparezca en la boleta electoral. Es completamente antidemocrático”.
Una encuesta de NPR/PBS NewsHour/Marista sugería antes de la audiencia que 56% de los estadounidenses pensaba que las acusaciones contra Trump eran justas mientras que 41% las calificaba de “cacería de brujas”. Solo 46%, sin embargo, decía que Trump cometió un acto ilegal, 29% que se trató de una falta ética y 29% que no hubo nada incorrecto. Las diferencias entre demócratas y republicanos eran enormes: 78% de los demócratas pensaba que Trump cometió un acto ilegal, contra solo 10% de los republicanos.
El pago a Daniels es el menor de los casos contra Trump. Se avecinan acusaciones por violación, evasión de impuestos, intento de modificar los resultados electorales en el estado de Georgia, incitación a la rebelión el 6 de enero de 2020 y obstrucción de justicia por ocultar documentos gubernamentales con sellos de confidencialidad en su casa de Mar-a-Lago, Florida, entre otras.
En contraste con México, donde una persona bajo proceso penal pierde sus derechos políticos, Trump podrá seguir buscando la candidatura presidencial del Partido Republicano. Ayer el expresidente se declaró “no culpable” de “34 acusaciones” de pagos ilegales, falsificación de registros empresariales e intentos de ocultar pagos ilegales a los electores estadounidenses.
El proceso apenas empieza. Mientras tanto, Trump está nuevamente en el centro de la atención, cosa que le gusta. Siempre ha buscado la controversia, y está muy consciente de que, en política, golpe que no mata fortalece.
Desinversión
Iberdrola ha anunciado que venderá al gobierno mexicano varias plantas de generación de electricidad con capacidad instalada de 8,539 megavatios por 6 mil millones de dólares. Es una fuerte desinversión, que no sorprende ante la hostilidad de AMLO hacia al gigante español. Es una mala noticia para todos.
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