La nacionalización del pensamiento ha seguido siempre, a igual paso, a la nacionalización de la industria”.
Edward Hallett Carr
El presidente López Obrador anunció este 4 de abril una operación importante en el mercado de electricidad: Escribió en Twitter: “Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE”. Añadió: “Es una nueva nacionalización”. La “compra” asciende a 6 mil millones de dólares.
El presidente explicó la operación en su página de internet: “Con esto resolvemos para el corto y mediano plazo el consumo de energía eléctrica que requiere el país en pleno crecimiento y lo más importante de todo: de esta forma garantizamos que no aumenten los precios de la energía eléctrica de los consumidores”.
Pero ¿realmente se están resolviendo las necesidades de consumo del país? La afirmación carece de sustento. Estas plantas ya están operando; no se va a generar un solo vatio adicional de energía. ¿Se garantizará que no aumenten los precios? Para nada. Los precios de Iberdrola son más bajos que los de la Comisión Federal de Electricidad, porque sus plantas son más eficientes y porque cuentan con un menor número de trabajadores. Si estas plantas se incorporan a la CFE con las reglas de esta, se dispararán los costos. Los precios al público aumentarán, a menos de que se apliquen nuevos subsidios, pero el país terminará pagando una factura mayor.
La decisión de Iberdrola es lógica: la empresa ha sido acosada desde un principio por el gobierno de López Obrador. En vez de seguir peleando, ha optado por vender 16 plantas (el gobierno dice que está comprando 13). La mayoría son de gas de ciclo combinado y venden electricidad a la CFE, bajo el régimen de productores independientes de energía, más barata de lo que esta la produce. La venta le permite a Iberdrola deshacerse de activos que, de todas maneras, no podría aprovechar de la manera más eficiente ante un gobierno hostil.
Pese a lo que dice AMLO, la compra no es una “nacionalización”. La adquisición la está realizando Mexico Infrastructure Partners, una administradora privada de fondos de inversión, que colocará los activos en un fideicomiso. Si bien la información oficial es, como siempre, opaca, el Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura, participará en la operación. El costo de alrededor de 6 mil millones de dólares no aparecerá en el balance público, pero será una deuda más para los mexicanos.
A Iberdrola le conviene vender. El pleito con el Gobierno mexicano le está costando caro. La Comisión Reguladora de Energía le impuso una multa, que está en litigio, por 9,145 millones de pesos por el “delito” de vender electricidad a sus clientes. La venta de las plantas le permite a Iberdrola liberar recursos, que puede usar para reducir costos financieros, ante las altas tasas de interés, o para invertir en el mercado de renovables, que es su estrategia internacional de largo plazo. Es probable que apunte sus inversiones a Estados Unidos, donde el gobierno está dando jugosos subsidios a las energías limpias.
Para México esta falsa nacionalización representa una desinversión en un campo crucial para el desarrollo. En lugar de que la CFE utilice sus pocos recursos para invertir en transmisión, campo en el que la ley le da un monopolio, los están empleando para comprar activos de generación que ya estaban produciendo. Una vez más el presidente toma decisiones ideológicas sin entender cómo funciona la economía.
Desinversión
La desinversión de Iberdrola es del 87 por ciento de sus activos en México, señala Ulises Juárez de Energía a Debate. La empresa está vendiendo 8,436 MW de capacidad de generación de gas y 103 MW de eólica. Víctor Ramírez C. señala que con los 6 mil millones de dólares Iberdrola podría construir 7.7 GW de nuevas generadoras fotovoltaicas. Podrá hacerlo en EUA y recibir subsidios.
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