Este fin de Semana Santa aproveché, como miles, para visitar el Gran Remate de Libros 2023 en el monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Muchos llegaban para aprovechar los descuentos. Es natural; a los compradores de libros, o de cualquier otro producto, les atrae una rebaja en los precios. No se necesita saber economía para entenderlo.
No sé, sin embargo, quién fue el inteligente que pensó que la gente leería más si los libros fueran más caros. En abril de 2008, hace 15 años, se aprobó en México una mal llamada Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro que prohíbe los descuentos en los libros. Como la ley no ha funcionado para promover la lectura y el libro, a alguien más inteligente todavía se le ocurrió que la solución sería ampliar la prohibición de 18 meses a 36 meses y aplicarla, además, a las versiones electrónicas. La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, mientras que la senadora morenista Susana Harp espera que el Senado le dé su visto bueno en septiembre.
No hay indicación de que esa ley absurda haya fomentado la lectura o el libro. El Módulo sobre Lectura (Molec) del INEGI del 20 de abril de 2022 muestra que la población alfabeta de 18 años o más que lee libros bajó de 45.9 en 2016 a 43.2 por ciento en 2022. La ley de 2008 no es la única responsable, cierto, pero la prohibición de vender libros con descuento no ayuda.
Una de las consecuencias es que obliga a las editoriales a destruir libros. Sí, en otras industrias los fabricantes rematan los productos que no venden para abrir espacios en sus bodegas y sistemas de distribución a nuevos productos. Los editores lo tienen prohibido; por eso, en lugar de mantener un libro en bodega que no se puede ofrecer con descuento es más barato destruirlo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló del tema el 5 de abril al inaugurar el Gran Remate de Libros: “Es una pena que un libro se destruya; lo que queremos es una sociedad lectora, una sociedad consciente y una sociedad transformadora”.
Quienes idearon la prohibición no entendieron lo que hacían. Respondieron a la presión de algunas grandes editoriales que se resisten a la competencia. Argumentaron que el propósito era evitar la “competencia desleal” de las tiendas de autoservicio, como si no fuera importante acercar los libros al público de menos recursos que no compra en librerías, y dijeron que el precio único ayudaría a las librerías en los pueblos pequeños, lo cual ni ha ocurrido ni sucederá. Encarecer los libros para todos no ayuda realmente a nadie.
Es verdad que algunos países desarrollados, como España, tienen precios únicos de libros, pero muchos otros no, como Estados Unidos y Canadá, cuyas leyes de competencia lo impiden. Varios países que tenían leyes de precio único para los libros los han eliminado por los altos precios que generaban. Ha sido el caso de Finlandia en 1971, Australia en 1972, Suecia en 1974 y Suiza en 1999. Cuando se discutió la ley de 2008 en México, la Comisión Federal de Competencia determinó que los libros en países con precio único, como España y Francia, costaban entre 20 y 30 por ciento más que en países con libre competencia, como Estados Unidos y Canadá. Si la prohibición a los descuentos se aplicara a otros productos, como los alimentos, los precios también serían mayores y la comida desechada mucho mayor.
Lo más irritante es que, en un país en el que los delincuentes gozan de casi total impunidad, la fuerza del Estado se utilice para sancionar a los editores que cometen el delito de vender un libro más barato.
Exorbitante
Ahora la 4T quiere que las leyes mexicanas le eviten al sector público pagar indemnizaciones de contratos que revoque de manera arbitraria. La llamada cláusula “exorbitante” llevaría a que solo las empresas más corruptas estuviesen dispuestas a trabajar para el gobierno.
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