El exsubsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Pablo M.C. podría apegarse al criterio de oportunidad siempre y cuando garantice la reparación del daño.
Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), informó que este lunes se realiza la audiencia con el exfuncionario detenido la semana pasada.
Por lo que más tarde se conocerá su situación jurídica y qué elementos aporta a la investigación por el delito de peculado, referente al desvío de 140 millones de pesos mediante un supuesto ‘hackeo’.
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FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL
Tras asistir al informe de actividades del Instituto de Transparencia de Hidalgo, recordó que por ese asunto hay otros tres exservidores públicos involucrados, así como dos personas representantes de las empresas.
Mencionó que el presunto responsable puede apegarse al criterio de oportunidad, siempre y cuando garantice la reparación del daño y aporte información que vincule a personas dentro de la estructura delictiva en mayor nivel.
“El criterio de oportunidad extingue la acción penal en contra de esta persona, pero siempre y cuando nos dé datos respecto a servidores públicos involucrados de mayor nivel, es lo que estamos buscando”, refirió.
INVESTIGAN OTRAS SECRETARÍAS
Además, aseguró que continúan investigaciones a otros funcionarios que hayan sido responsables no solo en la SEPH, sino también en otras secretarías.
Sin precisar los motivos indicó que tienen investigaciones en la SEPH, en la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Salud, entre otras.
“Vamos a continuar con todas las carpetas de investigación, y esperamos el cumplimiento de las seis órdenes de aprehensión que tenemos pendientes por la estafa siniestra”, comentó.
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FLUJO DE RECURSOS
También, dijo, han solicitado información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y a la Unidad de Inteligencia Financiera para conocer el flujo de los recursos desviados.
Agregó que una parte importante de los recursos se sacó en efectivo de las empresas, principalmente meses previos al inicio del proceso electoral; además de las sanciones confió en que se restituyan los bienes.
“Vamos a presentar una serie de seis demandas ante el Tribunal Superior de Justicia para buscar la extinción de domino, con temas vinculados con conductas delictivas, en este momento secuestro y narcomenudeo, pero haremos lo mismo con los temas de corrupción”, explicó.