¿Qué es una cláusula exorbitante? Una disposición contractual que permite a un gobierno modificar convenios sin una declaración judicial previa. Es un permiso para que el gobernante haga lo que quiera, sin importar lo firmado. Más que exorbitante, es arbitraria.
Esta cláusula es solo una de las disposiciones que el presidente López Obrador quiere introducir en todos los contratos gubernamentales. Para eso ha presentado a la Cámara de Diputados una iniciativa que modifica 23 leyes que buscan dar todavía mayores poderes al gobierno. Se fortalecerían tanto que dejarían en indefensión jurídica a cualquier empresa o persona que firmara un contrato con el gobierno o recibiera una concesión, licencia o permiso del sector público. Los acuerdos solo serían válidos mientras el gobierno quisiera.
La iniciativa limitaría los montos de indemnización que el Estado mexicano tendría que pagar al incumplir contratos por decisiones de arbitrajes nacionales e internacionales. Le evitaría pagar un resarcimiento completo de daños y perjuicios al cancelarlos de manera unilateral. Permitiría la revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias por “hechos supervenientes” que afectaran el “interés público”. Obligaría a incluir una “cláusula exorbitante”, una cláusula de terminación anticipada por razones de “interés público”, en todos los contratos privados con el gobierno y sus dependencias. Reviviría la prohibición a exfuncionarios para desempeñar cargos o proporcionar servicios a empresas en sectores que hayan regulado o supervisado durante ocho años para subsecretarios, nueve para secretarios y 10 para el presidente, a pesar de que la Suprema Corte ya declaró inconstitucional esta restricción.
El artículo 133 de nuestra Constitución reconoce los tratados internacionales como Ley Suprema de la Nación, pero esta iniciativa abrogaría en términos prácticos esta disposición. En la Ley de Expropiación, por ejemplo, eliminaría el párrafo que reconoce que sus disposiciones se deben ajustar a los tratados internacionales y acuerdos arbitrales. Al limitar los pagos por daños y perjuicios permitiría al gobernante en turno cancelar a discreción contratos con privados por razones de “interés público” o preservación de “bienes comunes”. Al añadir como causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias los “hechos supervenientes” que afecten el interés público, dejaría sin validez cualquier contrato, porque siempre habrá hechos posteriores, “supervenientes”, que cambien las condiciones de mercado.
La iniciativa busca dar al presidente enormes facultades en sus tratos con los particulares. El propósito es que López Obrador y sus sucesores puedan tomar decisiones sin ninguna de las limitaciones que prevén las leyes nacionales y los tratados internacionales. Si el presidente en turno quisiera cancelar una concesión minera o los permisos que ha otorgado a Tesla, lo podría hacer de manera unilateral y sin temor a repercusiones. Es el sueño del poder absoluto.
Dar al gobierno facultades arbitrarias, sin embargo, no ayudará a nuestro país. La incertidumbre jurídica haría virtualmente imposible que una empresa honesta pudiera firmar un acuerdo con el gobierno. Solo las firmas más cercanas al régimen, las más corruptas, estarían dispuestas a firmar contratos en estas condiciones de incertidumbre. A nadie ayuda tener un gobierno arbitrario.
Esquivel
Ahora AMLO se lanzó contra Jesús Esquivel: “Lo que pasa, que Esquivel, el periodista de Proceso, es muy tendencioso, no es confiable y no creo que actúe de manera independiente”, dijo ayer. No respondió, sin embargo, por qué el general Salvador Cienfuegos debe ser considerado inocente y Genaro García Luna culpable ante acusaciones y testigos similares. El presidente siempre difama, nunca aclara.
www.sergiosarmiento.com