En una sociedad verdaderamente democrática, las mayorías no pueden ni deben cancelar los derechos de las minorías bajo el argumento fácil de que “así lo decidió la mayoría y así va a ser, porque eso es la democracia”.
No siempre lo que pueda decidir una mayoría representa lo que es justo y, menos aún, lo puede ser porque lo determine quien ostenta el poder. Esto es lo que me queda de enseñanza de la fallida pretensión de hacer reformas para restarle facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La ambición por el poder es lo que llevó a la mayor parte de los partidos políticos a creer que podrían, por mayoría, hacer su voluntad y que en lugar de que prevaleciera la democracia, se sobrepusiera la partidocracia.
De manera resumida, lo que se buscaba con estas modificaciones legales era que a los partidos políticos no se les limitara su poder respecto de acciones y decisiones que pudieran ser ilegales, ante los ojos de otras instancias judiciales.
A saber, actualmente las leyes electorales señalan los derechos de inclusión en las posibilidades de ser candidatos a ocupar cargos de elección popular, y no solo a eso, sino que, por consecuencia, en los órdenes de gobierno cada vez se incluya más a grupos minoritarios.
Para acabar pronto, si en México hay porcentualmente más mujeres que hombres entonces ellas son las que deberían prevalecer, por lo menos, en puestos de elección popular y en cargos y empleos de instancias de gobierno, ya no digamos en las empresas, pero no es así.
A la denominada equidad de género se deben añadir los derechos de inclusión de personas con discapacidad, grupos étnicos y personas LGBTT+, entre otros.
Las reformas buscaban que lo que actualmente está como un ordenamiento legal ya no fuera, y que los partidos políticos ya no tuvieran quién les hiciera rendir cuentas, como el INE, el TEPJF o los tribunales electorales locales.
Por algo se unieron en contra de esta pretensión 90 diputadas y senadoras, de todos los partidos políticos, para pronunciarse al respecto. Porque las reformas vulnerarían la paridad de género y la inclusión del 10% a grupos minoritarios, de los que hemos hablado.
Partidos que estuvieron en contra de la Reforma Electoral y del Plan “B” ahora estaban muy de acuerdo con que ninguna autoridad les llamara a cuentas si es que incurrían en actos anticipados de campaña electoral.
De igual forma no querían estos partidos que alguien les llamara la atención, si es que no cumplían con la paridad de género para el otorgamiento de candidaturas.
No se puede entender que partidos que se dicen democráticos, como el PAN y el PRD, inicialmente apoyaran estas reformas, pero en el caso del PRI es entendible porque su dirigente Alejandro Moreno estuvo de acuerdo, solo porque a él lo apoyó Morena para prolongar su mandato al frente de su partido.
Mandato que no avaló el Consejo del INE y ante lo cual Alito ha interpuesto un recurso para no tener que dejar la dirigencia en agosto próximo.
La idea de acotar las facultades al TEPJF era para que estas fueran asumidas por los propios partidos políticos y por el Poder Legislativo (del que ellos forman parte con diputados y senadores).
Todo se derrumbó para los partidos políticos por protestas de organizaciones ciudadanas, que supo aprovechar muy bien el partido Movimiento Ciudadano, que no avaló la propuesta de los demás.
La única instancia que dejaba la buscada reforma para dirimir controversias era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy vivos, porque si procedían las reformas constitucionales, entonces ya no tenía nada que hacer la SCJN.
MTOP