El presidente López Obrador descalificó ayer, como era de esperarse, a los ministros de la Suprema Corte por declarar inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa: “¿Qué hizo ayer la Corte? -se preguntó–. Pues actuar a partir de los intereses de la cúpula, no recogiendo el sentimiento del pueblo, la voz del pueblo”. Solo el presidente, como sabemos, puede entender y expresar la voz del pueblo.
Ayer añadió: “Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa., y no con criterio jurídico, sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto”. Estos ocho ministros “actúan al estilo del gobierno de Felipe Calderón y de su secretario de seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y asociación delictuosa”.
El lenguaje recuerda el newspeak que describió George Orwell en 1984: “La guerra es paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es fuerza”. ¿Cómo argumentar que los ministros actuaron de manera facciosa y no jurídica cuando solo reconocieron que el artículo 21 de la Constitución establece que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil” o que el 129 señala que “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”? Las descalificaciones del presidente fueron apoyadas por el recurso populista de asociar el fallo a sus villanos favoritos, Calderón y García Luna. La primera regla de la propaganda facciosa es: simplificar argumentos e individualizar al adversario.
Hay argumentos sensatos para defender la militarización de la Guardia Nacional. Lo curioso es que López Obrador, Manuel Bartlett y Mario Delgado se negaban a escucharlos cuando desde la oposición criticaban la militarización de Calderón o de Enrique Peña Nieto. Este mismo rechazo al diálogo lo vemos hoy desde el poder, pero en sentido contrario.
El presidente no puede argumentar que el artículo 21 de la Constitución fue promulgado en tiempos de los liberales. El artículo lo redactó en 2019 un grupo de senadores de todos los partidos y representantes de la Secretaría de Gobernación, que encabezaba Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Alfonso Durazo, y la Consejería Jurídica de la Presidencia, de Julio Scherer Ibarra. Jorge Alcocer Villanueva, quien representó a Gobernación, le narró a Carmen Aristegui el 12 de abril cómo se llevó a cabo la negociación y concluyó: “La lectura de la Constitución no deja lugar a dudas: la Guardia Nacional es de carácter civil”. El artículo fue aprobado por el propio presidente, por lo que hoy no puede decirse sorprendido.
Ayer AMLO dio instrucciones a la actual secretaria de seguridad, Rosa Icela Rodríguez, para que mantenga al general David Álvaro Campos como comandante de la Guardia Nacional e inicie un recorrido “para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las fuerzas armadas”. También afirmó que en septiembre de 2024 presentará una nueva iniciativa constitucional, en un Congreso en el que espera tener mayoría calificada, “para insistir en que la Guardia Nacional dependa de la Defensa”. De nada servirá, sin embargo, si no se toma la molestia de leer lo que se redacta, como no lo hizo con el artículo 21 de la Constitución que él mismo aprobó.
Opacidad
Preocupan los intentos por eliminar la rendición de cuentas en educación. El INEGI ha informado que dejará de publicar información educativa a petición de la SEP, que considera que esta información ya no es de “interés nacional”. Este es un gobierno que quiere vivir en la opacidad.
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