Para aniquilar Financiera Rural, el presidente usó la receta infalible de la 4T: puso de director de una institución especializada a un tío de cariño de sus hijos, la volvió una herramienta para conseguir votos, otorgó masivamente créditos a quienes eran simpatizantes de Morena (aunque no fueran a pagar) y cuando el modelo reventó, le echó la culpa a la corrupción del pasado. La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador oficializó la muerte de este organismo que se encargaba de dar créditos a productores del campo mexicano.
El presidente dijo que cancelaba Financiera Rural para evitar que se extendiera la corrupción del pasado. En realidad la tuvo que desaparecer para tapar la corrupción del presente. Van los datos oficiales. Entre 2018 y 2020, la financiera aumentó casi 500% su presupuesto: pasó de 900 millones de pesos a 2,500 millones anuales. Sin embargo, la cartera de crédito se desplomó a la mitad: en el último año del sexenio de Peña Nieto fue de 63 mil millones de pesos mientras que el año pasado fue de 32 mil millones. Esta administración recibió una cartera vencida de 5 mil millones, el año pasado ya la tenía en 8,300 millones. Le dejaron un índice de morosidad de 7.9%; lo subió a 25.9%. ¿Por qué? Porque aumentaron los préstamos sin control con tal de conseguir votos, según me relatan fuentes dentro de la institución que me han explicado la situación para las varias entregas de estas Historias de Reportero en las que he abordado el tema.
Esta operación financiero-electoral que condujo al quebranto en Financiera Rural estuvo dirigida por Gabriel García, influyente senador morenista que en el primer tramo del sexenio se encargó de todos los programas sociales del obradorato y ahora trabaja en la aspiración presidencial de Claudia Sheinbaum, e instrumentada por Baldemar Hernández.
Si el compromiso de este gobierno realmente fuera con el combate a la corrupción, estarían investigando a García, a Baldemar, a Javier Delgado, que fue director antes. Estarían también investigando a los operadores de Baldemar -Isabel Montoya e Ignacio Gómez Trapala- señalados por contratar empresas incumplidas para proveerles del “core” bancario a un sobrecosto de 1000%: apostaron por una empresa aliada, usaron de fachada otras y adjudicaron el contrato a 800 millones de pesos. Hubo observaciones del Órgano Interno de Control pues el famoso “core” bancario valía en el mercado hasta 80 millones.
No sólo eso. Detrás de la muerte de Financiera Rural está también la intención de AMLO de apropiarse del dinero de los fideicomisos de las aseguradoras de la Financiera. Los seguros de la Financiera (Agroasemex, Fira, Firco) eran sanos: respaldaban y daban certidumbre a los créditos pues aseguraban el proyecto objeto del crédito y cubrían al deudor mientras iba pagando. Ahora son un problema porque estos fideicomisos se han ido reduciendo. Me explican que el gobierno los estuvo drenando para después desaparecerlos y desaparecer el dinero, que nunca se transparenta, como ya hizo el presidente con los fideicomisos de salud y seguridad, entre muchos otros.
¿Por qué están cerrando Financiera Rural? Para esconder la corrupción del obradorato que la condujo al quebranto.
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