León, Guanajuato.- Aunque su informe anual la Fiscalía General del Estado presentó avances en las cifras de identificación de cadáveres, las familias de personas desaparecidas aún no tienen resultados satisfactorios.
Señalan rezago en la entrega de los restos y reportan que sigue habiendo casos donde la fiscalía tenía ya los cuerpos y tras un nuevo cotejo, los ubica en panteones municipales o el panteón forense.
Una integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda de Celaya dijo que los colectivos siguen sin recibir pronto aviso de la Fiscalía sobre restos encontrados en fosas.
Esto, para buscar similitudes de los hallazgos, nuevos y de años anteriores, con sus seres queridos ausentes.
“Si bien está el registro del panteón forense, nosotras las que estamos de larga data estamos apostándole a que nos den la información sobre las zonas donde tienen sepultados cuerpos sin identificar y las gavetas”.
Desde las colectivas, creen que esa información es muy poca o casi nula.
Debe destacarse que entre enero de 2018 y 2020, la FGR dispuso que 401 cadáveres no identificados fueran llevados a la fosa común, en panteones municipales.
De ellos, 86 fueron inhumados en 2018, un año después, 201 y en el último año de esta práctica, 2020, fueron 114 cuerpos, esto, de acuerdo a información obtenida vía transparencia.
En esos tres años, los municipios con números más altos de cuerpos en fosa común fueron León, con 121, Irapuato 79, 32 en Celaya, 20 en Pénjamo y 18 en Salamanca.
No obstante, a partir del 2 de octubre de 2020, los cadáveres comenzaron a ser enviados al panteón forense o Centro de Resguardo Temporal (CRT) de la Fiscalía, que al 17 de marzo de 2023 tenía registro de 760 cadáveres no identificados.
Lo maneja la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas, creada en agosto de 2020, encargada del proceso de identificación y de la integración del Archivo Básico de Identificación Forense.
Sin embargo, según la Fiscalía, no hay datos como la fecha y el municipio de los hallazgos de restos resguardados en CTR, y no existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender solicitudes de información ni resulta factible ese desglose específico.
Pero cifras de la propia Fiscalía, recuperadas por Fabrizio Lorusso, académico de la Ibero León y activista, mostraban que al 15 de febrero había dos mil 065 cuerpos no identificados o no reclamados, custodiados por FGE en varios rubros.
Se puede hacer una comparativa con los datos nacionales, con más de 100 mil personas desaparecidas y más de 52 mil los cuerpos por identificar.
“Guanajuato respeta el promedio nacional, que es gravísimo y habla de una crisis forense, vamos por la mitad de cuerpos sin identificar en posesión de la autoridad y con un número de desaparecidos que se va a acercando a los cuatro mil”.
El problema se profundiza con la cifra negra de las desapariciones, es decir, que no se han denunciado y que la Fiscalía no da suficiente información sobre fosas comunes y clandestinas.
Lorusso reconoce que sí hubo identificaciones, pero que sigue habiendo una cantidad importante de personas tanto desaparecidas como no identificadas.
“Falta mucho para tener transparencia, que debe ser el estándar”.
Defiende Carlos Zamarripa labor
Durante la glosa, el fiscal Carlos Zamarripa habló de la consolidación del panteón forense. Aseguró que los cuerpos, una vez que se les ha realizado la necropsia en el CRT, permanecen no más de 72 horas.
Comentó que en 2021 hubo la identificación de más de 800 cuerpos y el año pasado, otros mil, aunque con ciertas situaciones particulares en la entrega.
“No en todos los casos en que se ha identificado, los familiares ha sido su deseo reclamarlo, al contrario, inclusive tenemos muchos -casos- donde expresamente lo han manifestado, que desean que permanezcan donde actualmente se tienen”.
También hay familiares que quieren esperar a realizar otro peritaje.
Con ello dijo que se justifica la variación entre el número de identificados y el número de entregados.
Pero según la buscadora entrevistada, hay dos razones por las cuales los restos no son recogidos: por la baja certeza en que dichos restos o fragmentos sean de la persona presuntamente identificada o por un tema económico.
“La fiscalía no les dice -a las familias- que existe Atención a víctimas, que puede apoyar con los gastos -de traslado-. Sumado a que hoy en día las funerarias las están cazando”, para hacer ellas el servicio y cobrar lo que quieran.
No obstante, dijo que gracias a la presión de muchos lados, se empiezan a mover las cosas.
Mencionó la resolución del amparo ante la Fiscalía General de la República para que se implemente el Banco Nacional de Datos Forenses, además de la posible entrada del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) en el estado.
LALC