Un alud de eventos ha creado en conjunto un verdadero tsunami de opacidad. Este no habría sido posible sin un impulso decidido del gobierno en general y en especial de la Presidencia de la República. La conclusión de la administración 2018-2024 se dará ahora caracterizada por una falta de información pública y transparencia como no parecía posible con el andamiaje construido a partir del INAI.
La ciudadanía nunca sabrá qué fue lo que no supo. De las muchas acciones del gobierno con el propósito de limitar, alterar y destruir información que debiera ser pública destacan aquellas relacionadas con el Seguro Popular, con la educación y de manera destacada con la actuación de las Fuerzas Armadas y los derechos humanos. La semana pasada el INEGI informó que dejaría de publicar un amplio catálogo de información esencial sobre educación, como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura educativa. Eso acabó con toda posibilidad de analizar las políticas públicas en materia de educación, para formular programas a partir de una evaluación sólida de esas y otras variables.
Al mismo tiempo se ha esparcido la noción de que el INAI está siendo limitado en todas sus capacidades, por lo que su importante rol de divulgación de información relevante y confiable ha sido eliminado. El conflicto del gobierno con el INAI tiene un origen muy evidente en el desafiante deseo de Andrés Manuel López Obrador, quien haciendo alarde de su ignorancia y perversidad, ha cerrado las puertas para el acceso de los mexicanos a la información. Acción o comportamiento típico de gobiernos populistas y autoritarios.
Entre los diversos aspectos de la vida pública que la presidencia está tratando de cegar destacan aquellos relativos al funcionamiento y operación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Bajo el pretexto de seguridad nacional dicha información ha quedado reservada por cinco años. Esto incluye desde el caso de Ayotzinapa hasta los frecuentes viajes familiares del Secretario de la Defensa, además de acciones de supuesta violación de derechos humanos.
La visión oscurantista de la administración con respecto a informar a los mexicanos fue evidente desde su inauguración. El mejor ejemplo son los 17 programas prioritarios que anunció entonces, que hasta el momento solo han sido objeto de evaluaciones incompletas e inconsecuentes. La gravedad de esta acción resalta cuando se piensa que ese paquete incluye los programas de “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, entre otros.
La cruzada por la opacidad encabezada por el gobierno de Morena es un indicador muy ominoso de las condiciones en que se verificarán las campañas políticas y las elecciones del 2024. Lo deseable es que fuese un período de discusión franca y abierta de los asuntos nacionales, pero tras la cruzada por la opacidad será imposible precisar la veracidad de muchos de los dichos, lo que beneficiará a Morena y sus aliados y los protegerá de una efectiva rendición de cuentas. Se perfila un México que habrá de debatir y defender su democracia liberal en un cuarto oscuro.
Quizás más dañino será el efecto de la opacidad sobre la impunidad de los servidores públicos de las administraciones actuales. En ese contexto, la cruzada por la opacidad se revela como una cruzada por la impunidad.
* Presidente de GEA Grupo de Economistas y Asociados / StructurA