Reconocer a animales domésticos como seres vivientes, una línea telefónica para atender casos de maltrato animal y capacitación a ministerios públicos, son parte de las peticiones que activistas hicieron al gobierno de Hidalgo.
Tras la matanza de alrededor de 35 perros en la colonia El Huixmí de Pachuca y otros casos en distintos puntos del estado, defensores de animales entregarán el lunes 8 de mayo un oficio dirigido al gobernador Julio Menchaca.
Ya que aseguran, existe una actitud indolente ante el maltrato animal por parte de las autoridades municipales y estatales, como los ministerios públicos que no quieren tomar denuncias por delitos en contra de los animales.
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LÍNEA DE ATENCIÓN A MALTRATO ANIMAL
Luego de la marcha para exigir justicia por los lomitos asesinados y en contra del maltrato animal, se dio lectura a las solicitudes que entregarán al gobierno estatal, mismas que firmaron los asistentes.
Entre las acciones que solicitan organizaciones defensoras de animales, destaca la modificación del Código Penal para que se reconozca a los animales domésticos como seres vivientes y no como bienes materiales.
Además de una línea telefónica única para atención de maltrato animal y capacitación a quienes atiendan las llamadas; capacitación para ministerios públicos en materia de bienestar animal y derecho animal.
CAPACITACIÓN A POLICÍAS
Los activistas también pidieron capacitación para cuerpos policiacos estatales y municipales sobre bienestar animal, incluyendo primeros auxilios, intervención y rescate de animales vulnerables.
Así como capacitación en derechos humanos sobre todo en la protección de activistas; una unidad móvil en atención a rescate animal; integración de peritos forenses o tecnicistas dispuestos a atender casos de asesinato.
Buscan, además, la obligatoriedad en cada pmunicipio para contar con su reglamento de tenencia responsable, así como un registro de animales de compañía.
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RECURSOS PARA CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN
En el caso de control de fauna urbana solicitaron destinar recurso económico en cada municipio para asegurar campañas constantes de esterilización; la creación de una unidad de protección para activistas.
También, pidieron por la obligatoriedad de cada municipio para contar con una secretaría que atienda casos que no se contemplan en el Código Penal pero que ameritan una sanción.
La semana pasada, vecinos de El Huixmí denunciaron en redes sociales que 30 perros murieron a causa de envenenamiento y el 7 de mayo en la manifestación se informó que la cifra subió a 35 lomitos, entre ellos un perro guía de personas con debilidad visual.