El viernes 28 de abril, el reportero Ángel Galindo, fue detenido y remitido por la policía municipal con una particular violencia, y luego tratado con saña y crueldad en las instalaciones de la Comandancia Municipal C4. Las huellas de los golpes, y la narración de los hechos expuestos ante la prensa local, atemorizó a todos los celayenses. Su condición de reportero del Sol del Bajío, y del medio digital Corresponsal Zona Bajío, le dieron relevancia en los medios de comunicación locales y nacionales como la Jornada, el Financiero y Artículo 19.
El sábado después de atenderse aun sin superar los efectos inmediatos de la agresión, Ángel Galindo, expuso públicamente las huellas de la golpiza, y denunció actos que, a todas luces, se pueden considerar como tratos crueles, inhumanos, degradantes, e incluso como tortura.
La descripción de los hechos violentos es similar al de otros ciudadanos, quienes han sido detenidos y privados de su libertad en el Centro de Detención Municipal, ubicado dentro de las instalaciones de Seguridad Pública conocidos como el C4, al que son llevados generalmente por faltas administrativas. En esas denuncias públicas hay un mismo patrón, o modus operandi ilegal.
El 12 de agosto del 2022, en el municipio de Comonfort, fueron agredidos por la policía municipal de Celaya los periodistas Avelina Guevara y Miguel García, en el momento de realizar una cobertura de hechos delictivos realizados en esa zona. A todas luces era una agresión directa, podemos decir dirigida, por la labor periodística que realizan. Hoy se encuentran al amparo del Mecanismo estatal de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Meses antes, Avelina Guevara, realizó un reportaje sobre la contaminación en el agua por flúor y arsénico en las comunidades de Celaya, irresuelta hasta la fecha, que escaló a nivel nacional, y exhibió la omisión del gobierno municipal.
Hay una conducta policial que va dejando huellas de preocupación y miedo en la población. Por ello cito como ejemplo algunos actos relevantes que fueron denunciados, que son irrebatibles, y van escalando peligrosamente.
Alejandro Martínez Noguez, conocido popularmente como el “Llanero Solititito”, el día 22 de octubre del 2022, entrevista en vivo a una familia de la Comunidad de San Isidro, que fueron detenidos por la policía municipal días antes (Padre e hija) -existe la evidencia videograbada de su detención-, a la vista de sus vecinos y familiares. Relatan que fueron golpeados con saña en el traslado a la Comandancia de San Juan de la Vega y luego al C4. Describen que fueron violentados, golpeados con los cascos de los policías, con los puños, a patadas, con gas lacrimógeno, con tablas. De manera especial destaca de su relato, lo siguiente:
“… y doblan una franela… y esa franela la dejan como de unos 8 o 10 centímetros y la mojan con esa agua que no sabe uno qué es lo que le ponen… y le hacen presión a uno, dicen mírame, y lo miras y se la ponen a uno en las narices y se la aprietan y cuando la están apretando esa está mojada y todavía le están vaciando uno ve que está cayendo agua con la garrafa y a veces no, no alcanza agarrar uno aire de desesperación y siente uno que la vida se le está acabando en ese momento y nos dan un… un, un, hay que agarrar aire… unos 5 o 10 min segundos, no sé cuántos segundos, por qué no puedo decir que un minuto… no…”. No existe evidencia pública, de denuncia ante la Fiscalía Especializada, pero la entrevista está en las redes sociales.
Alejandro Martínez Noguez, ha sido uno de los pocos reporteros que difunde noticias de nota roja en vivo, en algunas trasmisiones, policías municipales han sido captados realizando actos de pillaje, o de violencia en contra de la población, o incluso a él mismo. Alejandro, después de ser intimidado públicamente por el exdirector de Policía Municipal, y luego de haber sido víctima de un atentado a su vida en el domicilio de su familia materna, hoy se encuentra bajo el Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Todavía tenemos fresca en la memoria este otro. En la violenta represión a los habitantes de la Comunidad de Rincón de Tamayo, realizada por la policía municipal el 15 de enero del 2023, fueron detenidos y trasladados al C4 más de veinte personas; horas después, 14 de ellas fueron trasladadas a la Fiscalía Regional C, y fueron liberadas el martes 17 de enero, uno por uno, porque “no existieron elementos legales para mantenerlos detenidos…”. A su salida, la prensa documentó en vivo las denuncias de los detenidos, narraron y mostraron las huellas de violencia del que fueron objeto en el C4. Entre otros reporteros, que trasmitieron en vivo las denuncias, estaba Ángel Galindo, del Sol del Bajío.
La queja de los tamayenses fue radicada ante la PRODEHG con el número 055/2023 y ratificada por 12 personas. El diario digital Ágora, en donde trabajan Miguel García, y Avelina Guevara, difundieron el testimonio videograbado de una de las víctimas, textualmente dice así: “con una toalla en sus baños de barandilla me metieron, con una toalla y llenaron una botella de agua grande, con eso me la estuvieron vaciando en la cara para ahogarme, asfixiarme”. El señalamiento de tortura debió de haberse investigado por la Fiscalía Especializada, como lo veremos más adelante.
Debo decirle que la historia del pasado reciente en México tiene muchos pasajes en donde la tortura fue una forma de conducta ilegal de las instituciones policiales, al grado de crearse la LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. A pesar de ello, difícilmente los servidores públicos que comenten este delito son denunciados por sus víctimas, porque ejercen otra forma de violencia, la amenaza de muerte para el denunciante o para su familia.
De acuerdo con la mencionada Ley, la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes se ENCUENTRAN PROHIBIDOS DE MANERA ESTRICTA, COMPLETA, INCONDICIONAL E IMPERATIVA, por una razón fundamental, atentan contra la DIGNIDAD HUMANA, y ella es la base de todos los derechos humanos, y de manera específica, del derecho a la integridad personal como el bien jurídico principal que se tutela frente al delito de tortura. La tortura es un DELITO GRAVE desde la visión jurídica, y socialmente lo peor que puede realizar un ser humano a otro.
Déjeme decirle que un día antes de la detención y ultrajes a Ángel, el jueves 27 de abril, el Sol del Bajío, publicó que “DENUNCIAN PRESUNTO ABUSO DE POLICÍAS DE CELAYA”, transcriben de manera literal los dichos de los afectados: “policías entran a la fuerza a mi casa, golpean a mis hijos y se retiran. Hago el reporte al 911, envían una unidad y llegan los mismos elementos que minutos antes habían entrado a mi hogar”. No hay evidencia de denuncia ante la Fiscalía Estatal.
¿Por qué la saña de la policía en contra de Ángel, que se identificó plenamente, y les repitió que era reportero del Sol del Bajío? En su relatoría, reitera que los policías habían establecido comunicación con el Secretario de Seguridad, y que les respondió que no lo conocía, eso fue motivo de burlas y golpes sistemáticos. ¿Era una venganza por la denuncia del día anterior? ¿O había otra razón?
De su denuncia pública, cito lo siguiente: “en un momento me pusieron una toalla en la cabeza y me arrojaron agua para que no respirara”, lo que le ocasionó que “por momentos perdiera el conocimiento”. El Sol del Bajío destaca, la denuncia fue interpuesta en la Agencia investigadora 7 UTC 012 de la Fiscalía General del Estado, con el número de folio 91083 contra el abuso de autoridad por parte de servidores públicos. El caso fue reportado al Consejo estatal de protección a periodistas y defensores de los derechos humanos, hoy Ángel Galindo está bajo su protección, y con el apoyo de la Guardia Nacional.
Mencionaré solo estos hechos, a pesar de que hay más testimonios gráficos y públicos, del actuar de la policía municipal en la Comandancia Norte, conocida como C4, y particularmente en el CENTRO DE DETENCIÓN MUNICIPAL, que sigue operando en la impunidad, y al margen del nuevo REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA PARA EL MUNICIPIO DE CELAYA, como lo demuestra el incumplimiento del proceso legal en el que debió realizarse la detención, custodia, y liberación de Ángel Galindo.
Le comento, la LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, señala: NO SE CONSIDERAN COMO CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN o excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que existan o se invoquen CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES o situaciones excepcionales; NO CONSTITUYEN CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO DE TORTURA LA OBEDIENCIA A ÓRDENES o instrucciones de un superior jerárquico; las órdenes de los superiores jerárquicos de cometer el delito de tortura son manifiestamente ilícitas y los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas.
La denuncia ante organismos institucionales del Estado Mexicano, presentada por Ángel Galindo, tiene una enorme importancia para los celayenses, no solo por aquellos que han sido víctimas silenciosas, sino por quienes pueden serlo, pero también porque impacta a los encargados de la seguridad pública municipal. Para ubicar la trascendencia de ese acto, debo decirle que la Ley, señala que, el delito de tortura SE INVESTIGARÁ Y PERSEGUIRÁ DE OFICIO, por denuncia o vista de autoridad judicial; que, el ejercicio de la acción penal y la sanción que se imponga judicialmente para el delito de tortura son imprescriptibles.
Para comprender en mayor medida las responsabilidades, cito el Artículo 24, que a la letra dice: Comete el delito de tortura el Servidor Público que: con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, COMO MEDIO INTIMIDATORIO, COMO CASTIGO PERSONAL, o como medio de coacción, entre otros. Del mismo modo, que ese hecho, cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, o que sea capaz de disminuir o anular la personalidad de la víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento.
Las consecuencias legales para los victimarios son proporcionales a las amenazas que siembran, porque las sanciones para ellos son: pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días de multa; destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta.
Y el Artículo 27, señala que: las penas previstas para el delito de tortura se aumentarán hasta en una mitad cuando: la CONDICIÓN DE LA VÍCTIMA SEA PORQUE ES PERIODISTA O PERSONA DEFENSORA DE LOS DERECHOS HUMANOS, y ello, sea la motivación.
Algo en que la investigación de la Fiscalía Especializada debe profundizar, es que “los autores o participes cometan el delito de tortura, con el propósito de ocultar información o impedir que las autoridades competentes tengan conocimiento sobre los HECHOS QUE CONDUZCAN A LA INVESTIGACIÓN DE OTRO DELITO. Es decir, cuando los periodistas difunden DELITOS o ACTOS en contra de la población, y el medio para impedirlo es la violencia premeditada, calculada, y desde el poder público.
Solo considerando estos actos – y no me refiero a tortura-, el Artículo 29 señala que “Al servidor público que, en el ejercicio de su encargo, COMO MEDIO INTIMIDATORIO, COMO CASTIGO o por motivos basados en discriminación, veje, maltrate, degrade, insulte o humille a una persona, se le aplicará una sanción de tres meses a tres años de prisión y hasta doscientos días de multa”.
Y el Artículo 30, tiene una implicación muy importante, porque está dirigido a los servidores públicos que son OMISOS o PERMISIVOS: “Al Servidor Público que sin tener la calidad de garante y teniendo conocimiento de la comisión de conductas constitutivas de tortura se abstuviere de denunciar inmediatamente las mismas, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión y de doscientos cincuenta a quinientos días de multa”. Algunos SERVIDORES PÚBLICOS no solo han tenido conocimiento, sino que han propiciado que se cometan, al mantener personal que ha estado bajo sospecha de realizar esos actos.
La investigación del delito de tortura, de acuerdo a la Ley mencionada, debe realizarse con LA DEBIDA DILIGENCIA, es decir, “se deberá garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz; y deberán ser realizadas con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo”. Los victimarios operan bajo la certeza que no habrá denuncia ciudadana o de organismos de la sociedad civil, por miedo o temor a represalias, por eso Celaya, debe tener una atención especial por el Estado Mexicano, debido al contexto de vulnerabilidad criminal, y ahora por la discrecionalidad con la que hacen abuso del poder las instituciones policiales.
A partir de la denuncia de Ángel Galindo, de acuerdo al Artículo 35, la Fiscalía Especializada, además de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que tuvo conocimiento de la probable comisión del delito de tortura, debió de iniciar de manera inmediata la investigación por el delito de tortura, entre otras cosas, y emitir las medidas de protección necesarias para resguardar su integridad y de los testigos.
Un dato importante que usted debe conocer estimado lector es: “Ni la apertura de la investigación, ni la realización de las diligencias conducentes, se condicionará a la acreditación de lesiones u otras afectaciones físicas o mentales en la víctima”.
La denuncia del periodista Ángel Galindo debe tener un seguimiento y apoyo de todos los celayenses porque en ello se juega la permanencia de la OMISIÓN DE LA LEY, LA IMPUNIDAD, LA COMPLICIDAD, Y LA CORRUPCIÓN que tanto lastima nuestra vida y nuestras instituciones. No es un asunto para olvidar o archivar, el hecho mismo, es una amenaza directa a todos los ciudadanos que interfieran en la conducta ilegal de las fuerzas policiales.
Los celayenses y particularmente los periodistas, en el gobierno del ciudadano Mendoza Márquez, como nunca en la historia de Celaya, se han visto vulnerados, ULTRAJADOS y sometidos a violencia por las instituciones policiales. Estos actos ilegales e inmorales se han desbordado, al punto que hoy en el escritorio de instituciones especializadas se encuentran DENUNCIAS POR TORTURA. No son hechos aislados, por el contrario, hay un modus operandi que se revela a partir de las declaraciones de las víctimas, si no se arranca desde la raíz, lo seguiremos lamentando todos. ¿A quién le toca el día de mañana? Celaya necesita gobierno.
Revolcadero.
Es un hecho aislado golpiza a reportero”: CARLOS RUIZ LEÓN, regidor del PAN.