Legislación de vacunas, ante el fin de la pandemia

Esta semana participé en la Universidad Internacional de Florida en un panel para discutir sobre las complicaciones de la legislación en salud en la región de las Américas, con representantes de la Organización Panamericana de la Salud, el exministro de Salud de Colombia y legisladores de Perú y Argentina.
Propuse que como actores de la salud global, ante padecimientos que trascienden fronteras los legisladores tenemos la responsabilidad de establecer políticas y marcos legales sólidos que promuevan la equidad y el acceso universal a las vacunas. Nuestro papel debe abarcar desde la educación y concienciación de la población, hasta la promoción de la cooperación internacional y la colaboración con organizaciones de la sociedad civil. 
Al trabajar en conjunto podemos garantizar un futuro más seguro y resiliente, donde la amenaza de nuevos virus se aborde de manera efectiva y se proteja la supervivencia humana.
Para lograrlo, es necesario que los legisladores trabajemos en estrecha colaboración con los profesionales de la salud, los científicos, la sociedad civil y otros actores relevantes con las siguientes líneas de acción:
Activar una mayor cooperación y participar en foros internacionales como la 76ª. Asamblea Mundial de la Salud, que se está desarrollando estos días en Ginebra, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, para promover la cooperación global en la vacunación y abogar por la inversión en salud. Debo enfatizar que la participación legislativa en estos escenarios es muy escasa.
Establecer alianzas estratégicas con organizaciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza -público privada- Global para Vacunas e Inmunización (GAVI), para facilitar el acceso a las vacunas y promover la transferencia de tecnología y conocimientos a países de bajos recursos (científicos, financieros o tecnológicos).
Con una visión global y desde cada región del planeta, establecer marcos legales y regulatorios sólidos con certidumbre financiera, desarrollar políticas y normativas que promuevan la equidad y el acceso universal a las vacunas. 
Promover quizá, un tratado marco en materia de vacunación para la armonización de las leyes y regulaciones que hoy se ven muy dispares en sus diversos componentes en nuestro continente.
Fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil en el proceso legislativo relacionado con la vacunación, a través de consultas públicas, mesas de diálogo y la inclusión de sus perspectivas en la formulación de políticas. 
Desde la jurisdicción subnacional (ayuntamientos y congresos locales) apoyar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil en la promoción de la vacunación, brindando recursos y espacios para el intercambio de buenas prácticas y experiencias.
Colaborar con organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones de pacientes y grupos de defensa de la salud, para desarrollar campañas de educación y concienciación sobre la importancia de la vacunación. 
Difundir información precisa y accesible a través de plataformas virtuales, redes sociales y sitios web, llegando a un amplio espectro de la población para, si es posible, contrarrestar la desinformación.
Establecer alianzas con agencias reguladoras nacionales e internacionales, como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) o agencias regionales como la que está proponiendo con centroamérica y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar la seguridad y calidad de las vacunas con sistemas de farmacovigilancia sólidos para la detección temprana y el manejo de posibles efectos adversos de las vacunas, en colaboración con los profesionales de la salud y las autoridades sanitarias, y así recuperar la confianza ciudadana.
Terminé mi participación señalando que gracias a las tecnologías de comunicación e información existentes, las redes de parlamentarios en salud global como UNITE y otras como la Unión Inter Parlamentaria (UIP), con la diplomacia digital en salud desempeñarán un papel fundamental en este proceso, facilitando la colaboración entre legisladores de diferentes países, expertos en salud y organizaciones internacionales, superando las barreras geográficas y promoviendo una respuesta global coordinada al permitir la comunicación y colaboración efectiva a través de plataformas virtuales y redes sociales, llegando a un público más amplio, desmitificando información errónea y promoviendo la confianza en las vacunas. 
El Congreso mexicano tiene atribuciones exclusivas para el Senado, como son la aprobación de los tratados internacionales (en caso que podamos promover uno en materia de vacunación, ya regional, ya mundial) y la Cámara de Diputados en materia presupuestal para garantizar el recurso para hacer efectivo el derecho a la salud del tratado en particular. 
Insistiré en que el programa de vacunación nacional acelere el paso y abatir de entrada el gran rezago existente en toda la población.