El senador César Cravioto de Morena declaró el 31 de mayo que la mayoría en el Congreso no aceptará que “les truene el dedo un juez”. Así justificó que los legisladores morenistas y sus aliados en el Partido del Trabajo y el PVEM hayan tomado la decisión de desacatar la orden de una juez, Celina Quintero Rico, decimoséptima de distrito en materia administrativa, que ordenó convocar a un período extraordinario del Senado para nombrar a dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a Ia Información y Protección de Datos Personales. Estas designaciones habrían permitido la reanudación de las sesiones del organismo, pero la mayoría oficialista en el Congreso está empeñada en cumplir el deseo del presidente López Obrador de desaparecer el INAI o, por lo menos, de dejarlo inoperante.
El 28 de abril, después de que la mayoría morenista en el Senado se negó a nombrar a un nuevo comisionado, a pesar de que lo requiere la Constitución, AMLO comentó en la mañanera: “Nosotros sostenemos que ese instituto de la transparencia no sirve para nada. Lo crearon para simular que se combatía la corrupción cuando nunca hicieron nada para combatir la corrupción. ¿Cuándo ha habido más corrupción en México?… Les diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos y que no titubeen, que se trata de defender los bienes del pueblo, que reformen esa institución, mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos, que no sigan el derroche ni los gastos superfluos ni los privilegios”.
Ni la eliminación ni la inoperancia del INAI, sin embargo, ayudarían a “defender los bienes del pueblo”. Al contrario, la experiencia en México y el mundo demuestra que las instituciones de transparencia de la información pública son uno de los principales instrumentos para combatir la corrupción. “La opacidad cuesta mucho más que mil millones de pesos”, me dijo ayer en una entrevista en radio el comisionado Adrián Alcalá.
Las instituciones de transparencia surgen de la convicción de que la información que se genera en el servicio público no es propiedad de los funcionarios sino de los ciudadanos. Los políticos, por naturaleza, buscan ocultarla; por ello es necesario contar con instituciones que puedan ordenar su difusión, una vez que determinen que no afectan temas de seguridad nacional ni de privacidad personal, que la ley permite mantener en secrecía. Los comisionados del INAI deben también proteger los datos personales, cosa que la tecnología hace cada vez más importante. La responsabilidad es muy distinta a las auditorías de la ASF. En la mayoría de los países con estado de derecho se mantienen instituciones separadas para estas funciones distintas.
El presidente, sin embargo, recurre cada vez más a un lenguaje orwelliano. Para él, la opacidad es transparencia, y la mejor forma de combatir la corrupción es esconder la información pública. No solo oculta los datos de sus obras, al designarlas por decreto proyectos de seguridad nacional, sino que busca extinguir el organismo que ha garantizado la transparencia en México desde principios de siglo.
El voto de la mayoría oficialista en la Comisión Permanente no solo es un ataque a la transparencia, sino también un acto de abierto desacato a un fallo judicial. El problema no es que los jueces les truenen los dedos a los legisladores, sino que estos pretendan que no están sometidos a las leyes que nos obligan a todos a respetar las decisiones judiciales.
¿Quién paga?
Varios funcionarios de la Cancillería han renunciado a sus cargos para unirse a la campaña de Marcelo Ebrard por la Presidencia. Muy bien, pero pregunto: ¿Quién les está pagando el salario? Si la respuesta es “nadie”, entonces: ¿Se volvieron todos tan ricos en sus cargos que ya no necesitan trabajar?
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