La descomposición política es una de las expresiones más claras de la ausencia del orden legal. La violencia, la delincuencia, el crimen, el crimen organizado en todas sus variantes no existirían si los políticos, es decir, los representantes populares cumplieran con su trabajo.
La semana pasada intentaba explicar el círculo vicioso y la ruta que sigue el estado de inseguridad que hoy vulnera nuestra integridad, y nuestro patrimonio. La pregunta era directa ¿qué hacer para vivir en paz y con seguridad? La respuesta, es simple pero su articulación es muy compleja, la sociedad tiene que obligar a los responsables del orden jurídico, administrativo, legislativo a cumplir con la Ley. Es decir, cumplir con los preceptos constitucionales.
Los ciudadanos eligen mediante el voto al presidente de la república, a los diputados y senadores en el orden federal, a los gobernadores, a los diputados locales, a los presidentes municipales y a los miembros del ayuntamiento, y a su vez, en lo general, toda la administración pública es seleccionada y nombrada por ellos. ¿Por qué entonces tenemos una administración que no responde al interés ciudadano, es decir al interés de la nación?
Primero, porque existe la OMISIÓN DE LA LEY, es decir, omiten voluntaria o involuntariamente la responsabilidad de actuar tal como lo señala la Ley; segundo, acuden a la COMPLICIDAD, para omitir cualquier acto legal, es un delito, por eso el servidor público, requiere un cómplice, una persona que lo auxilie, ya sea guardando silencio, ocultando o desapareciendo los elementos o evidencias que prueben la omisión; la omisión y la complicidad generan CORRUPCIÓN, porque la actuación ilegal intencionada tiene como propósito la obtención de un bien o una situación favorable de cualquier tipo, para sí o para otras personas; la omisión de la ley, la complicidad, la corrupción por su propia naturaleza ilegal, conforman una red de protección, que trae consigo la IMPUNIDAD. En este escenario, todo es posible, incluso que ciudades y estados de la república, hoy sean presas del caos y la anarquía criminal de cuello blanco y sus benefactores, los delincuentes comunes.
De cierto, en Guanajuato y en municipios como Celaya, Irapuato, León, y otros más pequeños como Salamanca o los Apaseos, los actos que lastiman la vida y el bienestar de sus habitantes no son únicamente los homicidios dolosos, sino una cadena de actos delictivos, que vale la pena exhibir como una muestra de impunidad a prueba de fuego.
Como usted sabe, los delitos se clasifican en dos tipos, los de orden federal (fuero federal), y los del orden estatal y municipal (fuero común), se dividen de esta manera, porque la responsabilidad de evitarlos, investigarlos y sancionarlos es responsabilidad legal de la entidad territorial QUE POR ACUERDO se obligó hacerlo. En virtud de que cada estado es autónomo, al igual que cada municipio, ello implica que su responsabilidad tenga límites y competencia en función del impacto del delito. De abajo hacia arriba los niveles de acción van desde LA PREVENCIÓN, LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO en función de la afectación que sufren sus habitantes. En el caso federal, porque afectan no solo a una entidad o población, sino porque afecta todos los habitantes del territorio nacional.
Le comento, cada mes el gobierno federal, expone un listado de delitos, y los divide en delitos del fuero federal, y del fuero común, que fueron cometidos en cada uno de las 32 entidades territoriales del país (y a su vez en cada municipio del Estado). Este listado es ofrecido por cada una de las Fiscalías Estatales, que, a su vez, lo conformó con el listado que proporcionaron las secretarias de Seguridad Ciudadana Municipales. No es una lista diseñada o creada por el gobierno federal.
Para dimensionar el estado de violencia, delincuencia y crimen que ocurre en Guanajuato, le comento. En el curso del mes de enero al mes de abril, cuatro meses, el total de DELITOS fueron 48,666; destacan en ese total 6,225 DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD CORPORAL, entre los que sobresalen 1,210 homicidios dolosos, 4 feminicidios, y 4,781 lesiones,
En relación a DELITOS CONTRA LA LIBERTADA PERSONAL, hubo 2 de secuestros en calidad de rehén, 2 casos de tráfico de menores, y uno de aborto.
En cuanto a los DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL, fueron 977, entre ellos, hubo 511 casos de abuso sexual, 121 de acoso sexual, 37 hostigamiento sexual, 269 casos de violación simple, 24 de violación equiparada; y un caso de incesto.
En cuanto a los DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO, en este cuatrimestre fueron 17,919, entre ellos, 10,377 casos de robo, en diversas modalidades: casa habitación, 1,212 con 122 casos con violencia; robo a vehículo 1,278, con 636 casos con violencia; robo a negocio 1,234 con 458 casos con violencia. En esta misma modalidad, se señala como otros robos un total de 6,512 con 1,830 casos de violencia. Igualmente se cometieron 1,656 casos de fraude, 603 de abuso de confianza, 256 casos de extorsión, 4,448 casos de daño a la propiedad, y 697 casos de despojo entre otros.
En relación a los DELITOS CONTRA LA FAMILIA, hubo un total de 5,556, destacan 4,702 por violencia familiar; 847 por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, y 8 por otros delitos contra la familia.
Los delitos CONTRA LA SOCIEDAD, alcanzaron la cifra de 121, entre ellos, 120 por corrupción de menores.
Con respecto a DELITOS CONTRA OTROS BIENES AFECTADOS, hubo un total de 17,663 casos, sobresalen 7,823 de narcomenudeo; 3,891 por amenazas; 149 por allanamiento de morada; 120 por falsedad en declaraciones; falsificación 221 casos; 4 delitos contra el medio ambiente; 43 delitos cometidos por servidores públicos; y finalmente, por otros delitos del fuero común se contabilizaron 43 casos.
Por cada uno de estos delitos cometidos, que son del FUERO COMUN, la Fiscalía Estatal abrió una carpeta de investigación, y una vez obtenida la información que le permita agotar los motivos y consecuencias, deberá presentar el caso ante un juez, que a su vez dictaminará la sanción económica o penal correspondiente al infractor de la Ley.
Estas cifras de estos últimos cuatro meses, con cierre al 20 de mayo, se suman a miles de eventos anteriores que no se han resuelto, o que se encuentran en investigación; otras carpetas se han cerrado por desistimiento del afectado, y otras más, ni siquiera se ha iniciado el proceso.
Los hechos delictivos, en sus diferentes modalidades tienen una motivación, pero en lo general, el origen se encuentra en la precariedad económica, y en la imposibilidad de acceder a bienes que desarrollen habilidades físicas, artísticas, aptitudes laborales, culturales, educativas, espirituales, y el aprecio y respeto por toda expresión de vida y conocimiento. Y si a ello, la añadimos el círculo vicioso en la prevención de la delincuencia, la insatisfactoria investigación de los delitos, y la sesgada impartición de justicia, esto es el cuento de nunca acabar.
La Ley por sí misma no tiene vida, puede inspirar vida en las manos del pueblo. Es decir, el único que puede obligar a que la corrupción deje de ser el motor de la decadencia política, y social, es el pueblo. Así con la ley y el voto en la mano, como lo establece la Constitución en el artículo 39, que señala: “Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. El cambio de rumbo, está en nuestras manos, aunque parezca una simpleza, no es de otro modo. Hay que arrancar de raíz, la omisión de la ley, la complicidad, la corrupción y la impunidad, o seremos un número o una cifra en la lista de las próximas víctimas o victimarios.
Revolcadero.
Faltan unos años para el centenario del PRI, y ya se incuban a domicilio los huevos del dinosaurio.