Chihuahua.- Autoridades eclesiásticas demandaron la intervención de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante el desplazamiento forzado de decenas de familias de diversas comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara.
Gabriel Parga Terrazas, párroco de Baborigame, seccional de Guadalupe y Calvo, denunció que desde el 7 de junio, un grupo delictivo inició con tiroteos prolongados contra las localidades de San Fernando, La Sierrita, Potrero de Herrera, La Chinaca y San Jerónimo.
El sacerdote afirmó que los agresores quemaron casas y hubo personas muertas, por lo que los habitantes huyeron al monte a resguardarse, y ejemplificó con el caso de los pobladores de La Sierrita, donde había 50 habitantes y cuatro casas.
Ellos denunciaron con tiempo las agresiones y las autoridades fueron por las familias hasta 3 días después, y los llevaron a Guadalupe y Calvo al albergue, sin embargo, hubo personas a las que dejaron en el monte, volvieron a buscarlos hasta el día 15, pero no detuvieron a quienes los desplazaron”, expuso el párroco en una carta dirigida a la Mandataria panista.
El sacerdote también reprochó que familias han presentado denuncias por violaciones sexuales contra menores de edad.
Señaló que una de las violaciones ocurrió el 18 de julio de 2022 contra una adolescente, mientras que en mayo de este año las víctimas fueron una niña y dos adolescentes más, cuyas comunidades pedían seguridad.
“Estos hechos no han sido suficientes para que las diversas autoridades que tienen el deber de proteger la vida, realizaran un operativo para detener a los responsables de provocar el temor e incendiar viviendas; Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía estatal, incluso la Presidencia Municipal no han atendido la seguridad en las comunidades”, lamentó.
El párroco de Baborigame explicó que después de los hechos ocurridos el 7 de junio, integrantes de un grupo de la delincuencia amenazaron a las familias de que llegarían a ocupar la localidad de Santa Tulita, lo que provocó que parte de ellas salieran del lugar a otras comunidades.
Aseguró que varias familias han estado llegando a Baborigame ya desde hace tiempo, como ocurrió el día 14, cuando llegaron más de 30 personas de dicha localidad, junto con las maestras de kínder, primaria y secundaria.
“Por el temor de lo que les pudiera ocurrir, por lo que se vinieron en su mayoría mujeres y niños. En Santa Tulita han recibido amenazas desde hace tiempo, primero porque querían talar el bosque y les decían que si no dejaban que talaran los iban a matar o sacar. Ahora están resistiendo y viven bajo amenaza, es una localidad de unas 40 familias, son 36 casas y aproximadamente 320 personas: son 60 niños de primaria, 15 de kínder y 12 de secundaria”.
A media hora en vehículo, dio a conocer, está Puerto de Ánimas, casi con igual población.
“Estos sucesos fueron del conocimiento del Fiscal General y del Fiscal de la zona sur del estado y, ellos se comprometieron a enviar un operativo el día 15 a Santa Tulita para prevenir que se cometan un mayor número de delitos, sin embargo, este operativo no estamos enterados de que haya llegado, lo que aumenta la incertidumbre de las familias que se quedaron en la comunidad, por lo que siguen saliendo más familias”, denunció el sacerdote.
Recordó que Baborigame es una sección céntrica, por lo cual al lugar llegan desplazados de otras comunidades del municipio y de las colindancias de Coloradas de la Virgen y del Municipio de Morelos.
“Hay inconformidad porque lo que hacen los distintos operativos es que se van, dan una vuelta y se regresan y las comunidades siguen en riesgo”, reprochó.
En la misiva, con copia al fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno; Néstor Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y a Juan Manuel González, obispo de la Tarahumara, solicitó que se garantice la pacificación de la zona mediante rondines permanentes en las localidades de la zona sur que viven amenazadas.
“Que se instale un Ministerio Público permanente en Baborigame para facilitar la interposición y seguimiento a las denuncias de los delitos ocurridos en las diferentes localidades”, demandó.
También que se proporcione ayuda humanitaria a las familias que han tenido que desplazarse.
“Que se garantice el retorno inmediato de las familias con seguridad para que sus habitantes puedan seguir con el desarrollo de su vida cultural y que los niños y niñas puedan seguir y continuar con el ciclo escolar”.
El miércoles pasado, la Fiscalía General del Estado informó que la irrupción de un grupo armado en diversas comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, dejó dos viviendas y un auto incendiados, lo que motivó el desplazamiento forzado de decenas de personas.
La FGE informó que 39 personas abandonaron sus domicilios en la comunidad de La Sierrita, quienes fueron atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE).
Miembros del Operativo Conjunto, integrado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependiente de la FGE, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), acudieron el domingo 11 de junio a las comunidades de San Gerónimo, Santa Rita y La Sierrita, todas ubicadas en el municipio de Guadalupe y Calvo, para atender una denuncia de presencia de personas armadas.
“Durante las acciones, se localizaron a 39 personas, de las cuales 31 son menores de edad, en su mayoría indígenas de etnia tepehuán, de la comunidad de La Sierrita, quienes manifestaron haber salido de sus hogares por la irrupción de los civiles armados”, informó la FGE el 14 de junio.
La dependencia agregó que los habitantes fueron trasladados a un lugar seguro y quedaron bajo el resguardo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) y de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, quienes les brindan atención y acompañamiento integral.
En tanto, este viernes la gobernadora Maru Campos se reunió en Cerocahui, municipio de Urique, con alcaldes de la región serrana, con quienes dialogó sobre los ejes de la campaña “Juntos por la sierra Tarahumara”.
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