El futuro ya no es lo que era antes. Al menos desde el Renacimiento en Europa, la humanidad ha logrado hacer de la innovación tecnológica y la investigación científica un medio para la prosperidad económica. Es un hecho que desde entonces el mundo ha logrado un desarrollo sin precedentes y un mejoramiento en la vida de la mayoría de las personas.
Casi nadie preferiría vivir sin los beneficios de la ciencia natural moderna. Los avances en disciplinas como la medicina, la exploración espacial, las ciencias de la computación, entre otras, han sido espectaculares y convocan nuestro asombro. Pero, por así decirlo, no sólo de tecnología vive el hombre. Ninguno de estos avances, por sí sólos, garantizan la felicidad humana.
A lo largo de los últimos cinco siglos también hemos descubierto que no podemos vivir sin libertad y sin condiciones de igualdad entre los seres humanos. Garantizar estos principios fundamentales es lo que promete la democracia liberal, el tipo de régimen que yo defiendo.
Entre las libertades más preciadas se encuentra la económica. Algo que también hemos aprendido, al menos desde la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, es que sin libertades económicas, las otras libertades -políticas y civiles- no podrían existir.
La libertad de empresa es un requisito para el despliegue de la democracia liberal. Por eso, cualquier proyecto de gobierno necesita tener una política de auspicio a la inversión privada. A su vez y, eso también lo hemos aprendido a lo largo de muchas décadas, las empresas no pueden existir sin tener en cuenta que operan en contextos que las trascienden. Ya casi nadie defiende un modelo de iniciativa privada que busque sólo las ganancias económicas.
Los estudiosos de la gestión moderna hablan de empresas socialmente responsables, que se preocupan por el bienestar de sus trabajadores, sus comunidades y el medio ambiente. Los gastos de empresas en estos rubros se han incrementado significativamente en los últimos años.
Ahora bien, las empresas socialmente responsables necesitan habitar en un ambiente que les permita planear sus inversiones de manera racional y benéfica. Corresponde al Estado crear estas condiciones, mediante una política industrial diseñada con el concurso de todos los actores inmiscuidos en los procesos productivos.
El gran desafío mexicano consiste en crear un ecosistema saludable de empresas privadas que impulse la inversión productiva, el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la solidaridad humana. Todo esto debe suceder dentro de una democracia liberal, constitucional y republicana que garantice el Estado de Derecho. Después de la gran ola populista del siglo XXI, el mundo y México, tienen que transitar hacia un modelo político y económico en el que los Estados promuevan la inversión productiva de empresas socialmente responsables. Hacia allá hay que movernos.
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