León, Guanajuato.-  El año pasado, la líder de un colectivo de búsqueda de personas en Guanajuato recibió amenazas directas del crimen organizado en su municipio por lo que debió dejar todo y escapar.

Me mandaron un recado: que dejara de hacer lo que andaba haciendo -buscar personas- porque la siguiente -privada de la libertad- iba a ser yo”, contó a AM.

Como ella, habría habido 42 mil 846 casos de personas desplazadas de Guanajuato en 2019.

Una líder de un grupo de búsqueda fue amenazada por una organización del crimen organizado. STAFF AM.

Otro caso es el del empresario celayense, Miguel Villanueva Flores, quien relata que fue víctima de extorsión por dos lados: por autoridades municipales y por el crimen. Ante esto se vio obligado a dejar la ciudad por casi un año, por fortuna ya está de regreso.

Guanajuato es el tercer estado con mayor cantidad de hogares donde hubo personas desplazadas, de vivienda o ciudad, para protegerse de la delincuencia.

Esto, de acuerdo a estimaciones del perfil sociodemográfico realizado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) sobre personas desplazadas internas en el país, con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019.

Aunque no existe cifra oficial sobre el número de desplazados internos en nuestro país, la Envipe, levantada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), permite obtener una cifra estimada: 474 mil 476 personas (hogares).

Guanajuato, tercer entidad con más desplazados

Por entidades, en primer lugar está el Estado de México, con 95 mil 551, seguido de la Ciudad de México, con 52 mil 247 y Guanajuato, con 42 mil 846.

No obstante, el propio estudio advierte que las estimaciones a nivel de entidad federativa no son confiables y que únicamente Baja California, Colima, Ciudad de México y Guanajuato presentan variaciones dentro de un rango aceptable acorde con el Inegi.

El perfil sociodemográfico a nivel nacional permite hallazgos como que las personas que cambiaron de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia son más jóvenes y están menos envejecidas, respecto a la población que no se movió.

Además, existe una representación ligeramente mayoritaria de mujeres y estas personas cuentan con niveles educativos por encima de quienes no se movieron.

Irse de casa es lo peor

“Un día mi familia me habló llorando, de que yo ya dejara de hacer búsquedas, porque (los delincuentes) decían que les caliento la zona”, relató la líder de un colectivo de búsqueda de personas en Guanajuato que el año pasado debió escapar por las amenazas.

Horas después hubo un inusual paso de motocicletas y vehículos frente a su casa, entonces tomó en serio las advertencias y le avisó a las autoridades, que activaron el mecanismo, primero estatal y luego federal, de protección a personas defensoras de derechos humanos.

Tras ser custodiada, viajó a otro estado, donde permaneció en un refugio por varios meses.

“Me puse muy mal allá, la depresión, los ataques de ansiedad, les dije a los del mecanismo que yo me quería regresar porque si no me mataban las balas me iba a matar la depresión. Que prefería morir en la lucha, que cobarde”, confesó.

“Estar uno desplazado de su lugar de origen, es lo peor. El dejar de hacer lo que uno hace con tanto esmero, con tanto amor. No es algo malo lo que estamos haciendo”.

Finalmente, tras considerar que había condiciones, pudo retornar a su hogar, donde continúa su labor, tanto por su familiar ausente como por todas las personas desaparecidas.

Un refugio para la diversidad

Casa Frida, en CDMX, un refugio para la comunidad LGBT. Foto: Especial.

Casa Frida, una organización de la sociedad civil con sede en Ciudad de México que apoya y da refugio a personas de la diversidad sexual y mujeres cisgénero heterosexuales, indica que Guanajuato es el segundo estado de donde reciben más personas desplazadas.

El primer lugar es el Estado de México.

Esto, de acuerdo al tipo de población que atienden, que llegan en contextos de desplazamiento interno forzado, persecución, privación de la libertad.

Así como “terapias de conversión” (Esfuerzos por Cambiar la Orientación Sexual o Identidad y Expresión de Género, ECOSIG), expulsión del hogar y otras violencias interseccionales, como la violencia de género.

“La organización trabaja desde una perspectiva transicional, buscando la reintegración social, económica y cultural de las personas solicitantes”, afirmó el director de Casa Frida, quien pidió ser identificado sólo como Raúl.

Tras un análisis de riesgo, se genera un plan integral de atención, donde la persona está en el centro, para que recupere su autonomía en todos los aspectos, empezando por la toma de decisiones sobre su propio acompañamiento y lograr así un egreso exitoso.

De estados carentes de legislación a favor de personas LGBTI

“Hemos identificado que estas personas se desplazan principalmente cuando son originarias de estados que están carentes de una armonización legislativa que reconozca y proteja los derechos humanos de las personas LGBTI”, apuntó.

Son estados o municipios faltos de políticas de inclusión, contra la discriminación y sobre todo, sus programas sociales no contemplan las distintas realidades de la población de la diversidad sexual.

“Aunado al abandono institucional encontramos el rechazo familiar y las dinámicas del crimen organizado”, así como altos índices de homofobia y transfobia, advierte el especialista.

Denunció también que no existe un sistema oficial de registro y monitoreo del desplazamiento interno en México, ni se conocen sus dinámicas, excepto cuando se vincula el despojo de territorio a comunidades indígenas.

“Hemos construido una imagen de cómo debe ser una persona desplazada interna, cuando en ocasiones se trata de personas jóvenes que se van a estudiar a otro estado pero es una decisión que también se basa en la seguridad”.

Dijo que fue conocido el caso de colegios enteros privados, como el Tec de Monterrey de la ciudad de Celaya, sección bachillerato, “como toda la comunidad estudiantil tuvo que ser trasladada, hace un par de años y continuar su semestre en Querétaro, debido a la extrema violencia”.

Así, una persona desplazada puede ser cualquiera: desde el comerciante, el empresario mediano o grande con plantas o corporativos, el propietario de carnicerías y tortillerías, que decide moverse con todo y negocio, por la extorsión.

Pero también están las familias que ante este panorama deciden, por su propia seguridad, moverse a otras ciudades.

“Eso se está dando muchísimo en Guanajuato, en los últimos cinco años”, pues a pesar de que es un estado potencialmente desarrollado desde la industrialización, en el camino perdió sus bases sociales y comunitarias.

Advirtió que tampoco existe seguimiento ni restauración del daño causado, ni supervisión (si hubiera) de su retorno asistido, algo que es una obligación del Estado.

A ello son particularmente vulnerables las mujeres y las personas LGBT por cuestiones de violencia de género y por expresión de género.

En el caso de las personas que ejercen el trabajo sexual, en Guanajuato y otros estados resulta en la cooptación por parte de los grupos delincuenciales, que primero las extorsionan y en ocasiones terminan en privación de la libertad, tortura y otros delitos.

En el caso estatal, dijo, se percibe que el sistema está muy corrompido, ya que tiene conocimiento de que algunas víctimas, presentando su denuncia en Fiscalía, los agentes se burlan, les invalidan “o incluso comunican a los delincuentes que ya están ahí”.

El activista comparó a Guanajuato con Honduras, pues coinciden en que “hay industrialización, gobiernos corruptos, grupos criminales profundamente arraigados y el desgaste e inaccesibilidad a las instituciones de justicia”.

Advirtió también que hay descoordinación y pésimas relaciones institucionales entre el Gobierno federal y el del Estado por cuestiones partidistas.

Pero reconoció que, en el caso de Casa Frida, hay comunicación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Guanajuato y la Secretaría de Gobernación (federal).

Por lo que hizo un llamado al gobierno de Guanajuato para la cooperación y el diálogo, tanto con la Federación como con mecanismos de organismos internacionales como la ONU.

Acusa extorsión por todos lados

Miguel Villanueva, empresario. Foto: Especial.

Miguel Villanueva Flores, empresario celayense, compartió que las extorsiones tanto de autoridades locales, como del crimen organizado, lo obligaron a dejar esta ciudad.

Finalmente pudo regresar y seguir su actividad empresarial y también política. Evita cualquier riesgo y ayuda a las personas a que no sean víctimas de situaciones similares.

De acuerdo con el empresario de 29 años, fue en 2022 cuando se asoció con uno de sus mejores amigos para abrir un nuevo bar en la ciudad. En los primeros meses (durante la administración municipal anterior) todo parecía ir bien, sin embargo, con el cambio de administración, principalmente en la Dirección de Fiscalización, todo cambió para mal.

Todo a final de cuentas inició sin ningún problema, sí con el temor y todo con las extorsiones pues luego hay muchos vivarachos, que no sabes si son o no son”, señaló.

Pero la principal amenaza, dijo, fue el área de Fiscalización del Gobierno de Celaya. “Ahí lo dije y lo digo nuevamente, no me he callado, lo hablé con Javier Mendoza (alcalde)”.

“Si tú no les aportas (refiriéndose a la Dirección de Fiscalización) ellos te ponen alcoholímetro afuera de tu negocio, mi negocio estaba ubicado en bulevar. Si no les das su cuota semanal te ponen retén, por ende, se te bajan tus ventas”, comentó Villanueva Flores.

Enfatizó en que no todos los integrantes de la actual administración realizan este tipo de actos, pero se mantuvo firme en su postura en la acusación que hizo de forma directa contra el área de Fiscalización, quienes sostiene que les pedían cuotas para trabajar.

De igual forma dijo que, efectivamente también fue víctima de extorsión el crimen.

También sufrí por el otro lado, un tema de pago de piso, pero imagínate que fue menor la cantidad que la que me pedía el propio gobierno, y ese tema de pago de piso, pues pagas como seguridad, y pues por desgracia uno como empresario le pagas a éste o le pagas a aquel, te hacen un sacadero de dinero, pero pues uno por la seguridad de tu familia, de tu inversión pues lo pagas”, comentó.

Ante la presión por esta situación y versiones que lo ponían en riesgo, decidió irse. Regresó y participa en política como coordinador municipal de la aspiración de Marcelo Ebrard.

(Con información de AM Celaya). 

HEP 

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