La procuración de justicia desde el 2009 ha sido la primera víctima de una ceguera gubernamental, que poco o casi nada han hecho para devolverle la vista. He señalado que el Fiscal Estatal, antes Procurador, ha sorteado sin pena ni gloria a tres gobernadores: Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez, y al actual, Diego Sinhue Rodríguez, su poder personal crece cada año por encima de muertos y vivos que buscan justicia.
Hace unos días se presentó la primera Medición sobre Justicia Abierta (MJA). La MJA es la primera medición oficial sobre el nivel de apertura de aquellas instituciones encargadas de la procuración, administración e impartición de justicia, así como de la protección del acceso a la justicia y de los derechos humanos en los órdenes estatal y federal.
La MJA es co-creación y colaboración entre el Instituto de Acceso a la Información, la organización internacional World Justice Project (WJP), y el Instituto de Investigación de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Su propósito es proporcionar una línea sobre el ESTADO DE APERTURA que ofrecen las instituciones y los servicios encargados de la procuración, impartición, administración y acompañamiento en los procedimientos de justicia en México, con la finalidad de proporcionar evidencia, que les permita construir sus políticas de apertura.
Para esta primera edición se integró el universo de SUJETOS OBLIGADOS (SO) con instituciones encargadas de la impartición, procuración y administración de justicia, ENTRE OTRAS, a las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia que están dadas de alta en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y que se encontraran en funciones. El universo de SO se integró en total por 233 instituciones en ambos órdenes, el estatal y el federal.
El análisis de estas instituciones se estructuró a partir de 4 dimensiones, transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas, y desde dos perspectivas, la institucional y la ciudadana.
Por un lado, la perspectiva institucional, se refiere los procesos y espacios que habilitan y facilitan la interacción con las y los ciudadanos.
Por otro lado, la perspectiva ciudadana, es vista desde los atributos y condiciones que permiten el acceso a la información, así como su utilización efectiva, de manera que la ciudadanía cuente con la posibilidad de involucrarse al ofrecer sus opiniones, cocrear soluciones, así como al vigilar, dar seguimiento y exigir a esas instituciones.
Los resultados de la Medición de Justicia Abierta, se presentan de forma global, su métrica es en una escala de 0 al 1. La calificación promedio general de la MJA fue de 0.42; la dimensión de TRANSPARENCIA obtuvo el puntaje más elevado, con un 0.59; RENDICIÓN DE CUENTAS con 0.44; PARTICIPACIÓN con un 0.37; finalmente, COLABORACIÓN, 0.27, que es el puntaje más bajo.
Entre los hallazgos más relevantes destaca: primero que, la publicidad de las resoluciones definitivas es todavía una tarea asumida y realizada sin regularidad al interior del ecosistema de justicia, alcanzó un puntaje de 0.61; la gestión de los archivos sigue siendo incipiente, con un puntaje de 0.24, los archivos son la base para la eficacia del derecho de acceso a la información.
Segundo, la oferta de servicios digitales en el sector justicia es todavía precaria, con un puntaje de 0.6; la accesibilidad de los servicios digitales es baja, con una calificación de 0.31; la posibilidad de consultar el expediente íntegro es mucho menor, recibiendo un puntaje de 0.19.
Tercero, existen pocas instituciones del ecosistema de justicia que cuentan con mecanismos para denunciar faltas y delitos de corrupción, reflejado en un puntaje de 0.26, y los protocolos de protección a denunciantes son casi inexistentes, con un puntaje de 0.08.
Además, algunos mecanismos preventivos como la obligación para quienes desempeñan una función pública de presentar la declaración patrimonial, apenas alcanzaron un puntaje de 0.46, a pesar de haber sido una de las peticiones más claras de la movilización ciudadana que impulsó la reforma en materia de combate a la corrupción.
En relación a lo anterior, el sábado 15 de julio el Periódico AM publicó, que, entre todas las fiscalías del país, la del estado de Guanajuato se ubica en los últimos lugares en cuanto a su índice de transparencia, de acuerdo con la Métrica de Justicia Abierta, realizado en los 32 estados de la República.
En lo que refiere al estado de Guanajuato, se analizó el desempeño de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Electoral, Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia y Tribunal de Justicia Administrativa.
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato en el tema de transparencia, se ubica en el lugar número 22 a nivel nacional; en el indicador de participación ocupa el lugar número 10, y en colaboración se observa su puntaje más bajo, el cual es de cero. La calificación promedio nacional de la Fiscalía General del Estado es de 0.49, lo que la ubica en el lugar número 17 nacional.
En suma, esta primera edición de MEDICIÓN DE JUSTICIA ABIERTA busca apuntalar oportunidades en materia de apertura para mejorar la calidad y el acceso a los servicios de justicia que se ofrecen a las personas, lo que resultará en un mejor entendimiento de sus necesidades, a la par del respeto y la garantía de sus derechos. A su vez, una mayor transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas fortalece la integridad pública y la confianza en las instituciones de justicia, lo cual no ocurre en el estado de Guanajuato, porque finalmente la procuración de justicia es la parte sustantiva, que impediría la omisión de la ley, la complicidad, la corrupción y la impunidad, que se multiplican como las serpientes en la cabeza de Medusa. Lejos, muy lejos estamos del ideal de una sociedad con respeto a la vida, lo demás son fuegos de artificio.