La constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano”, siendo el derecho a la salud la inclusión de acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Aunado a lo anterior, la calidad se define como establecimientos, bienes y servicios de salud apropiados desde el punto de vista científico, médico y tecnológico. En el mismo tenor, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “toda persona tiene el derecho a la protección de la salud”.
Al buscar una definición en sitios de economía, el concepto de presupuesto se define como “la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos para acometer un proyecto, es decir, una cifra anticipada que estime el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo”.
Bajo un razonamiento deductivo, que sume las dos premisas anteriores, se entendería que los esfuerzos de los estados debieran estar orientados a establecer un presupuesto lo suficientemente robusto que permita dar, en la mayor medida de lo posible, esa garantía de derecho a la protección de la salud con servicios de calidad.
Es por lo comentado previamente que resulta no menos que sorprendente, que los esfuerzos no solamente no vayan en incrementar los recursos destinados a la protección de la salud, sino que es evidente que se va en sentido contrario. Más aún, no se entiende el porqué de estas decisiones, puesto que la asignación mal ponderada o la reducción de presupuesto en salud tiene consecuencias importantes para las poblaciones.
La reducción de acceso a servicios básicos de salud, con la disminución de centros de atención, menor cantidad de personal en activo y limitación a acceso a medicación esencial, hacen más difícil a las personas el ser beneficiarias de servicios asistenciales. De igual manera, el impacto en mortalidad y morbilidad es evidente, elevando estos dos indicadores en especial en poblaciones de riesgo como la infantil, mujeres embarazadas o ancianos, más aún cuando enfermedades o condiciones prevenibles no son diagnosticadas a tiempo o el acceso a tratamiento se retrasa, causando mayor sufrimiento.
Es de hacer notar también que la reducción presupuestal hace mucho más débil el control de enfermedades, en especial las de carácter infeccioso, lo que hace más susceptible a las poblaciones a ser víctima de brotes o epidemias. Los recortes presupuestales que afectan también a programas prioritarios como el control prenatal o salud infantil, se traducen en una mayor tasa de mortalidad en estos grupos: la vigilancia en el embarazo, atención obstétrica del parto o cesárea o vacunación oportuna se vuelven menos accesibles. Una salud pobre conduce a una economía pobre, puesto que la productividad decrece debido a la inhabilitación para el trabajo por enfermedad o discapacidad y en el mismo tenor, la reducción de presupuesto genera limitación en disponibilidad de personal e incluso la fuga de talentos.
Es por ello que se establece, refuerza y recalca, que la limitación o reducción en los presupuestos en salud son generadores de problemas mayúsculos, ampliando la brecha de inequidad que incluso puede conducir a inestabilidad social. Políticos y autoridades: no descuiden a las personas, por “cuidar” centavos.
Dr. Juan Manuel Cisneros Carrasco, Médico Patólogo Clínico. Especialista en Medicina de Laboratorio y Medicina Transfusional, profesor de especialidad y promotor de la donación voluntaria de sangre.
RAA