La escalada de violencia en Nuevo León revela una gran necesidad de coordinación y, sobre todo, la reconciliación política para enfrentar el problema.
Bajo cualquier óptica que se le quiera ver, el índice de asesinatos dolosos en Nuevo León marca los indicadores en rojo sangre.
Las estadísticas hablan por sí solas: 131 homicidios dolosos tan sólo en septiembre. La cifra supera el “récord” anterior de abril que mostró 128.
En lo que va del año, Nuevo León registra MIL VEINTICUATRO muertes violentas, cifra por demás inusual y elevada.
Para compararla, debemos remontarnos a los aciagos días de 2012, cuando la violencia desatada en ese Estado forzó la activación de las fuerzas vivas sociales de la entidad a cogenerar con el Estado la formación de lo que hoy se llama Fuerza Civil.
Poco o nada tranquiliza el hecho de que el Secretario de Seguridad estatal, Gerardo Palacios Pámanes, ofrezca como excusa-explicación que la elevada cantidad de homicidios en Nuevo León es por una “purga” interna entre cárteles, supuestamente el de Sinaloa vs. el del Noreste.
Sin embargo, ha habido señales adicionales que indican con claridad que la violencia NO es sólo “entre cárteles”: obvio que tanto las balaceras en la vía pública de municipios del Estado como el bloqueo violento de carreteras nuevoleonesas representan hechos de peligros para la población.
La violencia registrada en NL, por lo tanto, no es sólo “entre ellos”, sino que afecta a la población de numerosas formas.
No sólo está la ciudadanía expuesta al fuego cruzado y a los efectos de los enfrentamientos, como el coartar la libre circulación, sino que también queda demostrada la existencia de la IMPUNIDAD de quienes generan la violencia, la cual muestra socialmente diversas formas adicionales a los asesinatos dolosos.
Ni los helicópteros que tanto presume el Estado, ni los “protocolos” de prevención, han demostrado ser efectivos en la prevención ni de los homicidios ni de los delitos comunes.
Ahora, desgraciadamente, para las autoridades locales, no parece haber apoyo significativo de las autoridades federales en el combate a la violencia. Cuando hay crisis, mandan un puñado de soldados, cuya efectividad es limitada, y luego los retiran.
Al parecer, nuestro Ejército está demasiado ocupado apagando fuegos en todo el territorio nacional, además de las chambas que le encargan y que no le corresponden -como hacer de aduanales- como para que haya disponibles elementos suficientes que generen una presencia permanente que soporte la lucha contra la violencia y ayude a someter a los sicarios que hacen llover metralla sobre nuestros centros poblacionales.
Todo indica que, si hemos de contener esta creciente ola de violencia extrema que sacude a Nuevo León, con CUERPOS HUMANOS DESCUARTIZADOS dispersos por toda el área metropolitana de Monterrey, la tarea la tendrán que realizar Fuerza Civil y las Policías municipales, ello porque no se puede depender del Ejército.
Es cierto que han iniciado construcciones de cuarteles en diversos municipios, pero el NÚMERO de tropas disponibles es demasiado limitado. Requiriéndose miles de soldados, apenas llegan cientos, por lo cual no logran cubrir por completo las áreas en conflicto.
Lamentablemente, para la SOCIEDAD nuevoleonesa, un ingrediente adicional y esencial para frenar la violencia es la COORDINACIÓN entre Estado y Municipios. Lo cual en las condiciones políticas actuales resulta casi imposible que se dé por las rencillas políticas existentes entre un Gobernador (MC) peleado a muerte con los integrantes del PRI y del PAN, que gobiernan muchos de los municipios de NL, no sólo conurbados sino también rurales. De manera que tal coordinación se complica, o se imposibilita, para beneplácito de los delincuentes.
Queda claro que el PRIMER PASO para armar una estrategia efectiva contra la violencia sería dar TÉRMINO a este PLEITO internecino entre el Gobierno estatal y la oposición para dar paso a una labor conjunta, colaborativa, sinérgica, que aporte BENEFICIOS -y no perjuicios- al Estado.
La buena marcha de Nuevo León EXIGE dar un paso hacia la reconciliación entre rivales políticos, tal como lo demanda la sociedad, pero lograr esto o no, está en manos de los RIJOSOS, no en las de los ciudadanos.