Fue la crónica de una catástrofe anunciada. La enorme dimensión destructiva del huracán Otis fue advertida por varios expertos y por gente interesada en evitar una desgracia humana de grandes dimensiones.
Se pensaría que los gobiernos federal y local serían los primeros en actuar rápidamente para llevar a cabo medidas de prevención que pudieran mitigar los daños. Lamentablemente, no fue el caso. Ahora sabemos que diversas acciones de desalojo deberían haberse realizado con mucha anticipación. No sólo eso, sino que una vez que el huracán golpeó las costas de Guerrero, las diversas autoridades competentes no pusieron en práctica ninguna estrategia de respuesta rápida. Lo contrario es lo cierto. Con una calma pasmosa, ni los gobiernos municipales, ni el Estado, ni la Federación actuaron con la presteza que se esperaría en estos casos.
Una imagen, como dice el dicho, habla más que mil palabras. A lo largo de las redes sociales, la fotografía de un auto militar estancado en el lodo, que supuestamente llevaba al Presidente a la zona de desastre, fue circulada como una prueba fehaciente de la inutilidad e incompetencia de los gobiernos obradoristas. Al parecer, López Obrador decidió ir por carretera a un lugar donde llegar por aire era lo más atinado, porque le interesaba hacer creer a la gente que estaba haciendo un gran esfuerzo. Como siempre, privilegió su imagen personal a la eficiencia gubernamental. Muchas víctimas en Guerrero están pagando el costo de ello.
Si se tratara solamente de un problema de incapacidad de gestión, la situación se tendría que calificar como muy grave. Pero el cuestionamiento va más allá. El problema no es coyuntural sino estructural. Todos sabemos que, casi al inicio de este gobierno, el Presidente decidió liquidar el fondo que administraba los recursos para catástrofes, el llamado FONDEN.
Aquí y allá, funcionarios del gobierno han dicho que estos fondos aún existen. De cualquier manera, el hecho es que no podemos saber cómo se están administrando, en caso de existir, debido a la opacidad con que actúa este gobierno.
Guerrero y, en particular, Acapulco, es ahora una zona de desastre. Y lo es porque, durante las primeras 24 hora no hubo ninguna respuesta gubernamental que hiciera la diferencia.
Lo que corresponde ahora es establecer con claridad qué instancias de gobierno fueron omisas en su responsabilidad, exigirle al régimen más transparencia en el gasto de los recursos para lidiar con cataclismos como los del huracán Otis, así como la presentación de un plan a futuro que pueda dejar tranquila a la ciudadanía.
Es de dudarse que esto ocurrirá en el corto plazo, pero no queda más que la exigencia ciudadana y de los partidos aliados a la sociedad civil. No es improbable que el huracán Otis sea una manifestación del cambio climático. Si es así, el destino de Guerrero está alineado con el destino del planeta. Ante estos cambios colosales, México debería, al menos, ser capaz de responderle a sus propios ciudadanos. Muy lejos se encuentra de eso.