León, Guanajuato.- Guanajuato ocupó el lugar 19 a nivel nacional en cuanto a la inversión por persona desaparecida y no localizada en 2022, según un informe de las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva.
Esto a pesar de que la entidad se ubicó en el cuarto lugar nacional en reportes de personas desaparecidas y no localizadas durante ese año. La inversión promedio por cada persona desaparecida y no localizada en 2022 en el estado, es decir, el dinero destinado a la búsqueda de cada víctima, fue de seis mil 750.71 pesos, una cantidad superior al promedio nacional, que fue de cinco mil 925 pesos.
Sin embargo, de acuerdo con este estudio, Guanajuato ocupó el lugar 20 en el presupuesto total gastado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
En el documento se destaca la importancia de que cada comisión cuente con una estructura mínima que incluya un grupo especializado de búsqueda, un área de análisis de contexto, un área de gestión y procesamiento de información, así como la estructura administrativa necesaria. A pesar de esto, algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas consideran que estas estructuras son secundarias.
“Obvio necesitamos los aparatos, que funcionen bien, pero lo que más se necesita es voluntad de hacer las cosas. Desafortunadamente eso no hay, buscamos (la CEBP) cualquier pretexto para no realizar las funciones, erogamos presupuestos en búsquedas que no dan resultado”, afirmó Norma Patricia Barrón Núñez, fundadora del colectivo ‘Una Luz En Mi Camino’ en Irapuato.
“Todo eso derivado de que no se realiza un análisis de contexto, ni una investigación efectiva, y es por eso que hay muchas búsquedas negativas. Se puede verificar en la misma comisión: de todas las búsquedas que se hacen, cuáles son las positivas, y son muy pocas”.
Hasta el cierre de la edición, AM no había recibido una respuesta por parte de la CEBP respecto al informe encabezado por Elementa DDHH, una organización que trabaja en Colombia y México utilizando el Derecho como instrumento de cambio social en garantía de los derechos humanos.
Destina casi lo mismo a búsqueda y nómina
En su informe “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022”, Elementa DDHH y Política Colectiva aclaran que solo se analizaron 29 de las 32 comisiones locales de búsqueda, mediante información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El informe reveló que Guanajuato ocupó el lugar 19 a nivel nacional en cuanto a la inversión por persona desaparecida y no localizada en 2022, y el lugar 20 en el presupuesto total gastado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).
El objetivo de la investigación fue sensibilizar sobre los escasos recursos con los que cuentan las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB), con la esperanza de que las familias de las víctimas tengan más argumentos y herramientas para exigir un mayor presupuesto y apoyo para garantizar la búsqueda efectiva de sus seres queridos.
Los resultados obtenidos reflejan una inversión muy baja de recursos destinados a la búsqueda de personas. En el documento se llevó a cabo un ejercicio de comparación entre los diferentes gastos estatales en comparación con el presupuesto total para la búsqueda de personas en el País.
Por ejemplo, solo la Secretaría de Gobierno de Guanajuato (donde está asignada la CEBP) tuvo un presupuesto total casi tres veces mayor que lo destinado a la búsqueda de personas en todos los estados juntos, es decir, mil 800 millones de pesos frente a los 612.9 millones asignados a todas las comisiones.
La CEBP, por otra parte, se destaca como una de las comisiones que más invierte en nómina (servicios personales), ocupando poco menos de la mitad de los 17 millones de pesos de presupuesto, seguido de los servicios generales, bienes muebles, inmuebles e intangibles, y, por último, los materiales y suministros. No se hace referencia a rubros como la inversión pública o las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Búsqueda local
Guanajuato fue el último estado en crear su comisión local de búsqueda, el 12 de mayo de 2020. El titular es Héctor Díaz Ezquerra, y según una solicitud de transparencia, hasta agosto pasado había 21 personas contratadas con base y otras nueve contratadas por honorarios, con vencimiento al último día del año.
El presupuesto total gastado en 2022, según el estudio, fue de 17 millones 92 mil 790.13 pesos, ocupando la posición 20 a nivel nacional. El primer lugar lo ocupó Jalisco, con más de 111 millones de pesos, y el último, Durango, estuvo sin presupuesto alguno.
Por su parte, la CEBP informó que el presupuesto asignado inicialmente en 2022 fue de ocho millones 865 mil 764 pesos, mientras que para 2023 creció a 21 millones 302 mil 491.74 pesos.
En una ficha informativa, detalló que hasta septiembre pasado contaba con dos células para búsqueda en campo, que visitan dos municipios diariamente para cubrir puntos de búsqueda resultantes de las carpetas de investigación, georreferenciación de las sábanas de llamadas y zonas de inquietud que solicitan las familias de personas desaparecidas.
Con cada célula de búsqueda asisten diariamente en promedio de 10 a 20 familiares de personas desaparecidas, entre familias pertenecientes a colectivos y familias independientes”.
Además, añadió que se realiza una reunión virtual cada viernes para informar a las familias sobre las actividades y resultados de ambas células de búsqueda, así como de las Células Municipales de Búsqueda.
Versiones encontradas
La activista Norma Patricia Barrón afirmó que puede o no haber recursos para la Comisión Estatal de Búsqueda, pero los colectivos y las familias de personas desaparecidas no ven la voluntad real de buscarlas. Aunque existe un área de análisis de contexto con cuatro personas asignadas, “en las carpetas de investigación no se realiza: hay concursos de delitos, hay participación de delincuencia organizada, incluso homicidios, homicidas seriales, y (el análisis de contexto) no se hace efectivo”.
Aseguró que la CEBP opera en gran medida gracias a los datos que las mismas familias proporcionan y que, en muchas ocasiones, las víctimas ni siquiera saben de la existencia de esta comisión. “Es hasta que llegan a los colectivos que les hacemos de su conocimiento, entonces creo que ahí se está fallando”.
Los avances son nulos, muchas veces se gasta un recurso para ir a una búsqueda y ya estando en el área, los de la Comisión la cancelan, que porque se corre peligro, y yo me pregunto cuál peligro se corre con las víctimas, si por eso llevan Guardia Nacional, FSPE (Fuerzas de Seguridad Pública del Estado) y personal habilitado para poder afrontar ese peligro”.
Norma Patricia Barrón destacó que estos hechos tienen un costo psicológico, moral y económico para las víctimas. “Regresamos a nuestras casas desalentados, desorientados porque perdemos el día, perdemos ir al trabajo y no se hace la búsqueda de manera efectiva. Es por eso que entramos los grupos independientes, afrontando estos riesgos y armándonos de valor para poder entrar en aquellos lugares a donde la Comisión, aunque lleva seguridad, no lo hace”.
Además, mencionó que existen promesas incumplidas, como la instalación de fotografías de sus seres queridos desaparecidos en el Aeropuerto Internacional de Guanajuato.
Los resultados son escasos y así les podamos dar los miles de millones de dólares, de pesos, aun así los resultados son mínimos. Desafortunadamente así estamos en todo el País”.
Por otro lado, otra buscadora consultada, integrante del colectivo “Luz y Justicia” con base en Juventino Rosas, afirmó que en su caso, la CEBP ha tenido muy buenos resultados.
Fenómeno creciente
El informe que analiza el presupuesto de las Comisiones Locales de Búsqueda (CLB) destaca el desafío del aumento diario en las desapariciones, por lo que es urgente garantizar un presupuesto suficiente para abordar esta problemática.
Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023 del INEGI, durante 2022 se registraron en la entidad mil 149 reportes de personas desaparecidas y mil 231 reportes de personas no localizadas, sumando un total de dos mil 380 personas reportadas como ausentes y ubicando al estado en cuarto lugar en ambos rubros.
No es posible comparar estas cifras con las de 2021, ya que ese año las autoridades estatales informaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que no tenían conocimiento de reportes de personas desaparecidas o no localizadas.
Sin embargo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Guanajuato reportó en ese año una cantidad mayor: dos mil 532 personas ausentes. Estas cifras colocaron a Jalisco en la primera posición, con 14 mil 776 personas en este estatus, y a Campeche en la última, con 76 personas.
La investigación de Política Colectiva y Elementa DDHH destaca que asignar más presupuesto a estas instituciones proporciona una mayor capacidad para buscar con éxito a las personas desaparecidas y no localizadas, aunque es necesario vigilar que el gasto sea efectivo.
LALC