“A ver si tengo suerte y le atino, porque he propuesto cuatro y dos salieron ‘conservas'”.
Andrés Manuel López Obrador
El 19 de febrero de 2015 Luisa Alcalde, entonces diputada federal, hoy secretaria de gobernación, cuestionó en Twitter: “¿De plano se les pasó revisar a los asesores de @epn los requisitos para ser ministro de la SCJN antes de proponer a Medina Mora?”. Meses después, el 27 de abril, Andrés Manuel López Obrador escribió en esa misma red: “Que nunca se permita el amiguismo, el influyentismo y nepotismo, ninguna de esas lacras de la política. MORENA debe ser faro de moralidad”. Supongo que eran otros tiempos y que han cambiado de opinión.
Había buenas razones para cuestionar la designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte en 2015. El problema no era que no cumpliera los requisitos, como decía Alcalde, sino que el presidente Enrique Peña Nieto lo estaba imponiendo ante el rechazo de la comunidad jurídica. Era un “acto de arrogancia”, escribí el 12 de marzo de 2015: “Si el presidente hubiera impulsado a la Corte a un jurista respetado y de larga carrera, independientemente de que hubiese sido afín a su gobierno, no habría existido gran controversia. Pero Medina Mora no ha sido nunca juez ni se le conoce una trayectoria en jurisprudencia. El exprocurador no es ni de lejos el mejor candidato que el presidente pudo haber promovido para la Corte. El nuevo PRI, con sus aliados del PAN y del PVEM, nos está llevando de nuevo a los tiempos en que los ministros de la Corte eran nombrados por razones políticas. Al final será una victoria muy costosa”.
Lamento haber estado en lo cierto. El nombramiento de Medina Mora le hizo daño a la Corte, al gobierno de Peña Nieto, al país y al propio ministro, quien fue obligado a dimitir en 2019 por el gobierno de López Obrador que le congeló cuentas bancarias en una investigación financiera que canceló una vez que consiguió la renuncia. Pero si a Peña Nieto se le cuestionó por postular a un exsecretario de seguridad, exprocurador y exembajador, que era reconocido como abogado, qué podrá decirse de López Obrador que ha propuesto una terna de abogadas sin experiencia judicial, sin reconocimiento de sus pares, subordinadas suyas, parientes de políticos de su partido y que solo ofrecen como mérito lealtad al 100 por ciento a López Obrador.
El presidente que pidió descartar el amiguismo, el influyentismo y el nepotismo está postulando al máximo tribunal a Bertha, hermana de 37 años de esa Luisa Alcalde crítica de 2015; a Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México; y a María Estela Ríos, quien por el simple hecho de ser consejera jurídica, un cargo del gabinete presidencial, debería ser descartada, y cuyas mayores aportaciones jurídicas han sido promover leyes inconstitucionales para después criticar a los ministros por invalidarlas.
Es tan inaceptable la terna que el propio presidente sabe que no hay forma de que alguna de las integrantes pueda conseguir la aprobación de dos terceras partes del Senado para el nombramiento. Parece querer el rechazo de esta primera terna para más tarde presentar una segunda y, después, nombrar de manera unipersonal a la ministra que se le antoje y que más le garantice absoluta sumisión.
Esta maniobra no es correcta en un régimen republicano porque no respeta la división de poderes que durante décadas y con mucho esfuerzo hemos tratado de construir. Pero López Obrador, que en la oposición criticaba la concentración del poder, hoy se empeña en acapararlo. Más que ser admirador de Juárez o de Montesquieu, lo es de Luis XIV.
Prohibicionista
¿Se acuerdan de un presidente que decía que en su gobierno estaba “prohibido prohibir”? Ayer prohibió las máquinas tragamonedas en casinos, a pesar de que una sentencia de la Suprema Corte determinó que son legales. Dice el gobierno que los únicos juegos que puede permitir son el dominó, el ajedrez, las damas, los bolos, el billar, los dados, el boliche y los sorteos. Él decide que es bueno para el pueblo bueno.
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