El sojuzgamiento del poder judicial es la vía más directa a la dictadura”.
Luis de la Barreda Solórzano
Lenia Batres quiso mostrar desde el primer momento cuál será su papel en la Suprema Corte de Justicia: representar al presidente López Obrador, más que Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, más que Arturo Zaldívar, que le dejó su lugar.
Quedó claro en su discurso, pero también en la presencia en la ceremonia de ingreso de un grupo de altos funcionarios de la Cuarta Transformación, que acudieron a aplaudirle como si fuera un mitin político: su hermano Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX; la fiscal general de la ciudad, Ernestina Godoy; el coordinador de comunicación social de la Presidencia, Jesús Ramírez; la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde; la secretaria de economía, Raquel Buenrostro; la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos; y el coordinador de comunicación del presidente, Jesús Ramírez. Ningún ministro había tenido una concurrencia así en su ingreso. Juntos mandaron un mensaje sobre la razón por la cual Batres está en la Corte: comenzar la toma de control del ejecutivo sobre el poder judicial.
La nueva ministra usó su discurso para lanzar un ataque abierto contra el tribunal: “La Suprema Corte no puede seguir tomando decisiones anticonstitucionales amparada en que sus decisiones son inatacables. Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las leyes mexicanas”. Añadió: “No tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte”.
La ministra cuestionó al tribunal por anular leyes por vicios de forma. En realidad, en México y en todo el mundo las leyes se invalidan si su aprobación o promulgación no cumplen con los requisitos legales. El presidente ha cuestionado, por ejemplo, que la Corte haya anulado su plan B de reforma electoral porque no se cumplieron los requisitos de ley para que los legisladores pudieran conocer las iniciativas que se estaban votando. La ministra Esquivel, que representó la posición del gobierno en la discusión de la Corte del 22 de junio de 2023, cuestionó que se hubiera invalidado la reforma sin entrar al fondo. La verdad es que el fondo también habría sido invalidado, porque las disposiciones que ordenó el presidente eran contrarias a la Constitución, como lo reconoció el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Pero como señaló el ministro Alberto Pérez Dayán: “Si no es ley, no tengo por qué examinar el fondo”. Fueron tan abiertas las faltas al debido proceso que incluso el ministro Zaldívar, que siempre que pudo apoyó a la 4T, votó por invalidar.
Batres también cuestionó ayer que los ministros no hayan acatado el artículo 127 de la Constitución, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. No mencionó, sin embargo, que López Obrador disminuyó su ingreso cuando los salarios de los ministros cumplían con la disposición. Tampoco que el artículo 94 constitucional señala que la remuneración de los ministros “no podrá ser disminuida durante su encargo”. Mucho menos que la Corte pidió al ejecutivo un reporte sobre los ingresos totales del presidente, incluyendo el costo de vivir en Palacio Nacional, sin que el ejecutivo haya respondido.
Batres ha llegado a la Corte con el propósito de reestablecer el control que el ejecutivo tenía sobre el poder judicial en los tiempos del viejo PRI. AMLO ya no acepta ministros que voten por criterios jurídicos, deben apoyar “el proyecto de transformación”. Quiere ministros que entiendan que su papel es “callar y obedecer”.
Liberados
La secretaria de gobernación Luisa María Alcalde afirmó que los migrantes secuestrados en Tamaulipas fueron “rescatados” “gracias a las autoridades del estado, a la Guardia Nacional y a las fuerzas armadas”, pero resulta que los secuestradores los liberaron. Hasta en eso mienten.
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