La falta de inversión suficiente en salud por parte de los estados o gobiernos, a pesar de contar con recursos suficientes, no es considerado de manera típica como un “crimen” en un sentido legal. Sin embargo, puede ser visto como un tema de políticas públicas y gobernanza, que eleva a discutir sobre aspectos morales y éticos sobre la responsabilidad del gobierno de proveer o contribuir para el bienestar de los ciudadanos.
Los estados tienen la tarea de proteger la salud y colaborar para lograr una vida plena de los individuos que lo integran, por lo que al fallar en invertir de manera adecuada en los sistemas de salud pueden y deben ser criticados, pues demuestran ineptitud para cumplir con esta encomienda. Si bien no es considerado de manera tradicional como un crimen, es una franca violación al contrato social y sus principios, en donde los ciudadanos esperan que el gobierno priorice y atienda aspectos esenciales como es el cuidado y preservación de la salud.
Las consecuencias de una inadecuada (en ocasiones, realmente absurda) inversión en salud y sus sistemas, son verdaderamente severas y en ocasiones catastróficas, con tasas de mortalidad elevadas, diseminación de enfermedades prevenibles y en general disminución del grado de salud del público. De manera adicional, se exacerban inequidades sociales y económicas y aquellos que no pueden acceder a servicios de salud, comienzan a estar en desventaja sustantiva contra aquellos que pueden hacerlo.
Sí, hay marcos legales y acuerdos internacionales que sirven como referencias para los principios relacionados al derecho a la salud, mismos a los que deberían sujetarse los gobiernos e incluso apostar a tener el escrutinio de organismos observadores o evaluadores para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas, sin embargo, es notorio que multitud de estados se encuentran en franco incumplimiento sin enfrentar ningún tipo de consecuencia y no pasan de ser sujetos a “críticas” de la comunidad internacional.
Es una realidad que existe evidencia de negligencia manifiesta, corrupción o maldad incluso en multitud de acciones u omisiones cometidas por el estado, relacionadas con la falta de cumplimiento del deber de proteger el bienestar y la salud de los ciudadanos, comportándose y exhibiendo en ocasiones acciones contrarias a la ley, nocivas, peligrosas o reprobables, muchas de ellas de manera voluntaria, que se traducen en la merma sustantiva de ese derecho humano que es el del acceso a la salud y una vida en plenitud.
Si se entiende entonces que es una obligación estatal invertir en salud lo suficiente y adecuado para poder cumplir con el compromiso de garantizar el derecho a la salud de la población, mas no se cumple con dicha obligación (por obra u omisión), ¿no estamos frente a un ejercicio de silogismo en el cual el estado resulta en falta?
Bajo la reflexión anterior y apelando a la definición de crimen expresada en lenguaje ordinario como la violación de las leyes, normas u ordenanzas, pero además abarcando el lastimar aspectos sociales y morales de impacto comunitario ¿no sería un crimen la falta de inversión en salud por parte de los gobiernos?
Es importante reflexionar sobre lo anterior para nosotros como ciudadanos, puesto que somos los que jugamos el rol crucial de hacer responsables a los gobiernos o estados y llamarlos a rendir cuentas, pero será necesario hacerlo también bajo la figura que corresponde y bajo ciertas circunstancias ponerle a esa responsabilidad su nombre o consideración real, que puede ser incluso, la de crimen o criminal. Excelente inicio de año 2024, estimados lectores.
(Dr. Juan Manuel Cisneros Carrasco, Médico Especialista en Patología Clínica, Profesor Universitario y promotor de la donación voluntaria de sangre).