La violencia genera narrativas. Cometer delitos, combatirlos o simular que se combaten depende de explicaciones. Oswaldo Zavala ha dedicado un elocuente libro a este tema: La guerra en las palabras. Una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020). Ahí explica que la llamada “guerra contra el narcotráfico” es en realidad una contienda para controlar los negocios derivados de la droga. Para lograrlo, políticos, militares y criminales cuentan historias que justifican sus actos.
El más reciente saldo de ese taller narrativo es el reportaje de Tim Golden del 30 de enero, aparecido en ProPublica, acerca del posible apoyo que López Obrador recibió por parte del narco en su campaña de 2006. Dos veces ganador del Pulitzer, Golden es un buen periodista que, sin embargo, en ocasiones se convierte en vocero de su principal fuente: la DEA. En estas mismas páginas cuestioné su reportaje sobre el general Salvador Cienfuegos. Golden siguió en detalle la captura y liberación del exsecretario de Defensa, pero en ningún momento criticó que la DEA actuara con autonomía dentro de territorio mexicano. La intromisión no le pareció relevante. No es casual que en fecha reciente el Departamento de Justicia se haya sentido obligado a declarar que “respeta por completo la soberanía de México”.
Todo reportero necesita informantes. Cuando le pregunté a Julio Scherer por qué sólo él tenía acceso a las cárceles de máxima seguridad, contestó con un apotegma: “Un periodista es tan bueno como sus contactos”. No hay duda de que Golden tiene buenos contactos, pero confía demasiado en ellos. Como ciertos productos con exceso de calorías, sus reportajes podrían llevar sello: “Contiene la opinión de la DEA”.
Vayamos a los hechos. La agencia se basó en testimonios de testigos protegidos para afirmar que el cártel liderado por Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie“, entregó dos millones de dólares en apoyo a López Obrador para que nombrara a un fiscal favorable al narco. Los informantes mencionados (el empresario Mauricio Soto Caballero, el abogado Roberto López Nájera, conocido como “Jennifer“, y Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, lugarteniente de “La Barbie”) posiblemente se beneficiaron de esas transacciones. ¿Qué grado de veracidad tienen sus palabras?
A cambio de denuncias, los testigos rebajan sus sentencias. Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo extraditado a Estados Unidos en 2007, era responsable de un genocidio pero recibió una condena de 25 años por delatar a miembros de Los Zetas. La información ofrecida en cautiverio siempre es interesada.
El propio Golden señala que las denuncias sobre la campaña de 2006 no son concluyentes. Lo más importante, sin embargo, es otra cosa. Eso se supo en 2010 con la captura de “El Grande”. ¿Por qué se revela ahora? La DEA pasa por su momento más conflictivo con el gobierno mexicano. En 2020 escribí al respecto en The Washington Post: “López Obrador canceló la Iniciativa Mérida, modificó la relación de la Marina con asesores de Estados Unidos, ordenó el cierre de las Unidades de Investigación Sensible (SIU), en la que operaban agentes mexicanos bajo supervisión de la DEA, y rechazó diversos planes de cooperación de la Embajada”. La DEA ha perdido su habitual margen de autonomía.
Carlos A. Pérez Ricart, investigador del CIDE y autor de Cien años de espías y drogas. La historia de los agentes antinarcóticos de Estados Unidos en México, señala: “La filtración que dio pie a las publicaciones sobre el presunto financiamiento ilegal de la campaña de López Obrador en 2006 debe entenderse en el marco de la pésima relación que tiene la DEA con el gobierno de la 4T“. El uso selectivo de la información es un arma política: en temporada electoral se difunden sospechas.
No es la primera vez que la agencia abre tardíamente una carpeta. En 2022 dio a conocer 23 mil mensajes de texto sobre el caso Ayotzinapa que hubieran sido de gran utilidad en 2014, cuando ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes.
La DEA se justifica con un motivo irrefutable: la inoperancia del gobierno mexicano en temas de seguridad. Sin embargo, la solución no consiste en que México delegue la impartición de justicia a otro país, sino en hacer acciones coordinadas. “Cuando escuchamos de la DEA hay que descreer“, dice Pérez Ricart: “Sus métricas de éxito son nuestros fracasos nacionales más íntimos”.