Hace más de tres años tuve la suerte de entrevistar a Bibiana Mendoza para la revista Argonauta.
Publicamos un dossier alrededor de la muerte y me pareció importante escribir sobre aquellos que, como decía con cinismo el dictador argentino Jorge Rafael Videla, no están muertos ni vivos, sino desaparecidos.
Conversamos durante más de una hora. La cifra escandalosa de casos refería de manera constante a la negligencia de las autoridades, en particular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y a la apatía de la sociedad, acostumbrada a criminalizar víctimas y familiares.
Hablamos del dolor de las familias y el tesón de quienes buscan, en su mayoría mujeres, que no cejan en su reclamo y actividad investigadora.
Un año más tarde, su colectivo fue protagonista de una acción mediática ejemplar: sobre uno de los símbolos más abyectos de corrupción del país, la estela de luz, desplegaron una gran manta donde denunciaban 16 años de impunidad y pedían un alto a la militarización de México.
La protesta dio la vuelta al mundo, donde los más de 21.600 guanajuatenses asesinados y más de 4.000 desaparecidos, parecen importar más que en su propio estado. En donde la delincuencia establece un modus operandi que combina el sicario de la moto con la desaparición y las fosas clandestinas, ante la mirada a veces perpleja y otras omisa de autoridades de diversos órdenes.
Hace más de tres semanas, tras haber asesinado a su esposo y su hijo, fue secuestrada en Salamanca Lorenza Cano Flores, miembro del colectivo Unidos Buscando Desaparecidos. Hasta la fecha, tras la captura y posterior liberación de dos presuntos secuestradores, la Fiscalía no da razón alguna del paradero de Lorenza ni de los asesinos de sus familiares. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada ordenó acciones urgentes para su búsqueda, cuyo cumplimiento sigue pendiente.
“Las autoridades piensan que somos tontos. Digo que somos mucho colectivo para tan poco gobierno”, dijo Bibiana en nuestra entrevista. Y los hechos dan muestras continuas de que tiene razón. Mientras las autoridades nos muestran galardones y certificaciones obtenidas en el extranjero, aún no vemos resultados concretos en materia de seguridad, ni siquiera en la crisis forense que padecemos. Según cifras publicadas esta semana, se acumulan en morgue y cementerios más de 1.700 cuerpos sin identificar. La concentración desde hace unos años de todas las actividades en el SEMEFO de la capital no ha rendido frutos, sólo ha aumentado las dificultades a los deudos.
Pienso en qué sería de Guanajuato sin las voces de sus colectivos que nos exigen que la dignidad se vuelva costumbre; que siguen poniendo en peligro su vida al señalar perpetradores y cómplices; que no se cansan de recordarnos que detrás de cada una de las cifras hay viudas y huérfanos, familias deshechas.
Celebro que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) haya otorgado el premio de Derechos Humanos 2024 a Bibiana Mendoza y Olimpia Montoya Juárez, en representación de los colectivos de personas desaparecidas en Guanajuato. También me avergüenza que sean galardonadas en el extranjero mientras en su país se les escatima el reconocimiento que merecen.
Me uno al llamado a las autoridades de seguridad y procuración de justicia para que hagan su trabajo y encuentren a Lorenza Cano Flores, así como a los asesinos de su esposo e hijo.
Y también, a esas mismas autoridades las hago responsables de la seguridad de las galardonadas. Cierro con un fragmento de la entrevista ya mencionada:
¿Quiénes dejaron crecer la violencia en Guanajuato? Yo no soy culpable. Yo no pedí que desaparecieran a mi hermano Manuel. No fue algo que hubiera elegido, pero sí decidí que no me iba a quedar con los brazos cruzados… Yo creo que cuando las autoridades tomen en verdad cartas en el asunto, esta problemática va a parar. Antes no la teníamos, vivíamos bien. Esperamos recuperar esa tranquilidad que un día tuvimos.
Comentarios a mi correo electrónico: panquevadas@gmail.com