Curioso: apenas en enero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que su gobierno había logrado rescatar a Pemex. Pero lo que se está viendo es que la Federación le está dando respiración de boca a boca a la petrolera.
Y como muestra ahí está la condonación de impuestos que le concedió ayer Hacienda a Pemex, reconociendo así lo que ya es inocultable: que la empresa está quebrada y no tiene efectivo ni para pagar las cuentas.
De hecho, este salvavidas aparece justo a unos días de que Moody’s le rebajó de golpe dos niveles a la calificación de Pemex. Con esta decisión, la empresa entra a lo que los financieros llaman “terreno basura”. Es decir: sus bonos están a punto de valer nada y de convertirse en una empresa con mayores dificultades para conseguir créditos o inversionistas.
En el sexenio a Pemex se le han inyectado enormes recursos, pero el esquema de negocios no parece ser viable. Tan es así que la propia Moody’s advirtió que la única manera de revertir la dependencia del subsidio público es llevar a cabo “una reforma estructural” en Petróleos Mexicanos.
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Salieron las listas de candidaturas de Morena para diputados en la Ciudad de México. Hay de todo: desde Camila Martínez, joven dirigente en Benito Juárez, hasta Jesús Sesma, del Partido Verde, por Venustiano Carranza; e incluso Víctor Hugo Romo quien, una vez más, va por algún cargo en la Miguel Hidalgo.
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La mayoría oficialista en la Cámara de Diputados dio marcha atrás -al menos hasta abril- a la reforma que pretende invalidar demandas de amparo contra leyes u actos de la autoridad.
La bola de humo que lanzó el diputado potosino Juan Ramiro Robledo plantea que los jueces y magistrados no puedan anular actos o normas generales, ni admitir demandas de amparo sobre fallos en acciones de inconstitucionalidad o controversias, que no hayan sido invalidados en la Suprema Corte con el voto de al menos 8 ministros.
Dice la iniciativa que cuando la impugnación tenga al menos cuatro votos en contra, debe declararse en automático válida una ley y desechar el reclamo. Eso abre la puerta para que las tres ministras identificadas con Morena sumen a uno más para validar reformas.
La oposición considera que esa iniciativa destruiría el Juicio de Amparo y que quiere aprobarse por la puerta de atrás como una ley secundaria, es decir, sin necesidad de una mayoría calificada en el Congreso. En sentido similar se han manifestado grupos de la sociedad civil como México Evalúa.
Las protestas dieron resultado y hasta en otros niveles oficiales también se decidió enfriar el asunto, pues no quieren que esa bomba estalle en plena campaña electoral.