En los espacios de la comunidad democrática, el disenso favorece un poder que no es ni estático ni laxo, sino in fieri, siempre mejorable gracias a un disentir que no se reprime, al contrario, se admite y toma en la debida consideración por su labor constante de perfeccionamiento de la comunidad a la que pertenece. Diego Fusaro, Democracia y disenso (Trotta, 2022)
Me cuesta dar crédito a las notas periodísticas de esta semana en torno a la dirección de la máxima casa de estudios del estado, la Universidad de Guanajuato. Como si la sombra del gobierno del exrector Luis Felipe Guerrero Agripino marcara el derrotero de la nueva rectora Claudia Susana Gómez López.
No sólo se orquesta una persecución en contra de quienes apoyaron a sus rivales durante el polémico proceso de designación a finales del año pasado, como parece mostrarlo los despidos reseñados por la periodista de PopLab Yajaira Gasca; ahora emplea la vía penal en contra de siete de sus alumnos con el fin de acallar cualquier disenso al interior de sus campus. Hablo del Movimiento Colmena que tomó el edificio de la Rectoría en septiembre del año pasado y contra el cual la UG empleó grupos de choque afines a funcionarios incondicionales de Guerrero Agripino.
Aquí vale la pena recordar que el ex rector, insigne abogado penal, posee un grado de cercanía muy estrecho con el actual fiscal general del estado, Carlos Zamarripa. Por lo cual no sorprende que la citación para la audiencia inicial contra los jóvenes, fijada el próximo 30 de abril, provenga de un ministerio público adscrito a la Fiscalía especializada en delitos de alto impacto.
Sí, lo leyó bien: la misma entidad encargada de perseguir a los secuestradores, extorsionadores y delincuentes de alto perfil en Guanajuato. En lugar de atrapar a los asesinos de policías en Celaya, de investigar los millares de homicidios y desapariciones, o de minar el potencial de las bandas narcomenudistas (¿hemos visto alguna acción relevante al respecto en los últimos años?), ahora se encargará de procesar a siete jóvenes por hacer pintas en la rectoría de la universidad. Aunque lo presentan como daños a bienes con valor artístico o histórico…
Así de desproporcionado, así el nivel de intolerancia y abuso del poder de las autoridades de la UG; como si la pena a aplicarse entre uno a siete años de prisión tuviera algún efecto positivo en la comunidad que dirigen más allá de imponer el temor y acallar el disenso. Quieren alumnos mansos, dóciles y acríticos, no pliegos petitorios aunque sus demandas sean justas. ¿Dónde está la visión de formadores y educadores de los profesionistas de Guanajuato? ¿Los instigadores de estas sanciones son acaso los mismos que gestaron el allanamiento de las instalaciones del periódico Correo en julio del año pasado? ¿Procede esta denuncia de la gestión de la rectora Susana Gómez López o es parte de la herencia ominosa de Guerrero Agripino? Y lo más importante, ante la asimetría de fuerzas ¿quién podrá defender a los siete alumnos no sólo de la Fiscalía sino de la persecución interna en su alma máter?
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