Hace un par de semanas, comenté la persecución a siete estudiantes del Movimiento Colmena por parte de la directiva de la Universidad de Guanajuato, que fueron acusados por “daños a edificios públicos y bienes con valor artístico e histórico” durante la toma de la rectoría en septiembre del año pasado. La noticia salió a la luz tras haber sido emplazados por parte de la Unidad de delitos de alto impacto de la fiscalía general del estado para una audiencia inicial el próximo 30 de abril.
Ante el justificado escándalo suscitado en los medios regionales y nacionales, la UG respondió el 28 de febrero con un comunicado donde afirma: “tomando en consideración que algunos de los probables delitos cometidos son de persecución oficiosa, se iniciaron diversas carpetas de averiguación que actualmente se encuentran en conformación y sobre la cuales, en apego a los principios del debido proceso, no es posible brindar más información.” Traducido esto del dialecto abogañol abajense, quiere decir que la UG no realizó denuncia alguna, lo que estaría en concordancia con el punto 3 del pliego petitorio aceptado por las autoridades y disponible en el sitio web de la misma universidad en: https://www.ugto.mx/pliegospetitorios2023/index.php que dice:
“En lo que respecta a la seguridad física, académica y social de lxs alumnxs involucradxs en la toma, exigimos que no haya ningún tipo de represalia, daño o señalamiento contra lxs estudiantes que participaron en la toma de rectoría, ya sea de tipo legales, políticas, académicas y/o económicas. Lxs estudiantes ejercimos nuestro derecho de ocupar Rectoría General solamente con el fin de hacer cumplir nuestras exigencias y acabar con la injusticia y la violencia que se ha perpetrado contra la comunidad estudiantil.”
Es decir, en septiembre de 2023, la UG se había comprometido a no ejercer acciones legales, políticas y académicas en contra de los integrantes de la protesta de los diversos campus (que eran más de un centenar, no sólo 7).
Sin embargo, esta semana, tras superar las trabas impuestas por el Ministerio Público (algo ya tradicional en la regencia de Carlos Zamarripa) y acceder a la carpeta de investigación por parte de los imputados, la sorpresa fue mayúscula: el 5 de octubre de 2023 la coordinadora de asuntos penales, Lic. Orla Suhail de María González, adscrita a Oficina de Abogacía General de la UG, había presentado la denuncia de los hechos que podría acarrearle a los alumnos una pena de siete años de prisión.
Y mientras la denuncia legal corría por debajo, grupos de choque de estudiantes azuzados por profesores y funcionarios, agredía físicamente a los jóvenes vinculados con la protesta. Muy posiblemente eran los mismos acarreados que allanaron el periódico Correo en julio del año pasado, porque también salieron a relucir los nombres de Salvador Hernández Castro, Elías Lira Mares, Cecilia Ramos, Rodrigo Nájera y Jesús Arellano.
Indignados por la actitud de la nueva rectora Claudia Susana Gómez López, en la reunión del 10 de noviembre, e ignorantes del proceso legal que se gestaba en su contra, los estudiantes interrumpieron el discurso preparado por la rectora y exigieron que la universidad cesara las agresiones, lo que llevó al rompimiento de la reunión y, desde entonces, del seguimiento de los pliegos petitorios asumidos por la rectoría.
Éstos exigen transparencia en la utilización de los recursos de la universidad, atender edificios e instalaciones en estado ruinoso o con muy graves carencias (como el de Valenciana y el Edificio de las Artes), sancionar a funcionarios y profesores denunciados por acoso, entre muchos otros asuntos por atender.
Hago énfasis en dos puntos:
Esta semana, según reporta El Heraldo, la Coordinación de Bienes Inmuebles estimó en 200.000 pesos los daños con aerosoles o marcadores a algunos cuadros, libros, muebles y elementos de porcelana. Quizás una bicoca en comparación con lo que pagará la UG al bufete González Sierra, Arredondo & Sujo, asesor jurídico que acompañará al ministerio público en este desatino. Otra muestra de la asimetría en la que se encuentran los acusados, siete jóvenes de buenas calificaciones que ni siquiera son cabecillas de un movimiento pero se les endilga su dirección por encontrarse estudiando en el edificio histórico de la capital.
Nuevamente pregunto; ¿Por qué se encarga de esto la fiscalía para delitos de alto impacto? Según sus atribuciones legales, Art.127 del Reglamento interior de la fiscalía general del estado, esta dependencia “tiene a su cargo la investigación de las conductas delictivas que por su naturaleza, complejidad o mayor impacto social, requieren para su atención y combate un estudio, investigación y seguimiento de índole especial, entre ellas, secuestro, trata de personas y corrupción de menores, delitos dolosos cometidos por personal de la Fiscalía General que no sean competencia de diversa Fiscalía Especializada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, homicidios y robo de vehículos de alto impacto, y las que determine la o el Fiscal General…” El subrayado es mío, porque según lo anterior, de no ser por la orden directa del Fiscal General, esta área no debería estar vinculada en este caso. ¿Es él quien decide que la protesta debe reprimirse a través del saturado sistema penal guanajuatense? ¿Le quita relevancia a otros casos para dedicarle a este una sección especializada? Mientras, hay asuntos como la desaparición de la buscadora Lorenza Cano que exigen resultados de esta dependencia y parecen haber quedado en el olvido.
La pregunta final es más que evidente: ante la actuación vergonzosa de las autoridades de la UG y lo sencillo que resulta ponerla en evidencia, ¿vale la pena seguir mintiendo e incumpliendo su palabra? Pienso que deberían centrarse en dar solución a los pliegos en vez de reprimir a estudiantes que sólo buscan el mejor funcionamiento de su universidad.
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