León, Guanajuato.- Jorge Jiménez Lona, alcalde interino de León, aseguró que el Municipio brindó apoyo, acompañamiento y resguardo a la activista trans Zurey Galilea, conocida como “La Chicle Mambo”, luego de que sufriera un intento de homicidio. 

El apoyo de protección municipal se le dio por 10 días, antes de que la activista de Brisas del Campestre tomara la decisión de cambiar de residencia ante las amenazas y el ataque fallido.

El apoyo fue solicitado directamente al Municipio, nosotros estuvimos con ella aquí atendiéndola”, dijo el Alcalde interino.

También señaló que la línea de investigación del ataque es tema de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. “Se levantó denuncia, se recibió apoyo de la Fiscalía para que la trasladáramos, el Municipio fue quien le dio el resguardo esos días que estuvo aquí”, aseguró.

Y agregó: “No hay mucha información que yo les pueda dar por un tema obviamente de su seguridad, lo que sí les puedo asegurar es que en todo momento el Municipio le dio el apoyo, el acompañamiento y el resguardo que era necesario en ese momento, se puso la denuncia y, bueno, ella ya tiene el apoyo de la Comisión Estatal de Víctimas”.

Jiménez Lona aseguró que desde el momento en que se solicitó el apoyo, estuvieron pendientes, al igual que lo estarán para cualquier situación.

La activista trans Zurey Galilea, mejor conocida como “La Chicle Mambo”, ha sobresalido por su trabajo altruista en la colonia Brisas del Campestre, zona con alto índice de homicidios dolosos en León.

Galilea aclaró que no salió del País, pero sí del estado de Guanajuato debido a las amenazas y al intento de homicidio que vivió el mes pasado. En Brisas del Campestre tiene un comedor comunitario, donde alimentaba a cientos de personas, el cual dijo está por ahora sin servicio debido a lo ocurrido.

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato también informó que desde el pasado 27 de marzo tuvo conocimiento del caso de la activista Zurey Galilea, por lo que se le orientó para que presentara su denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

El día 30 de marzo, la activista informó al Consejo que ya había presentado su denuncia, la cual fue recibida por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para su atención, fijándose las medidas de protección para la activista y su familia.

El Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fiscalía General del Estado aseguraron que se mantienen en estrecha comunicación para el seguimiento del caso.

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