Los fraccionamientos irregulares son producto de la asimetría social y la desigualdad de la distribución de la riqueza en México; además de leyes inadecuadas, mala planeación, reglamentos obsoletos, falta de emoción social de los gobernantes que olvidaron los principios de solidaridad, subsidiaridad y bien común.
Las autoridades y legisladores se preguntarán ¿por qué se está agudizando el desarrollo de fraccionamientos irregulares en León? Seguramente la respuesta sería: “No”. Es muy ilustrativa la respuesta que en su momento dio el diputado del PAN, Lupe Vera, con su inefable “Ley Vera” que castiga con nueve años de prisión a los que participen en la formación de asentamientos humanos irregulares: “Que les vaya mal a los malos, y a los buenos también”… Así, sin empacho, mostró su exiguo coeficiente intelectual y nula sensibilidad social.
¿A poco los legisladores no cuestionan si a esas trescientas mil personas que viven sin servicios, en lotes irregulares, les gusta vivir así? Claro que no, la respuesta es evidente… Estos desheredados de la vida escasamente ganan un salario mínimo, no son derechohabientes y tienen la imperiosa necesidad de asentarse en un lugar dónde vivir. Recordemos que León es el municipio con mayor número de pobres en México. Pero con la ley, sin la ley o en contra de la ley, lo seguirán haciendo porque es una necesidad básica del ser humano y simplemente no tienen el dinero para comprar otro terreno.
El resto de legisladores que aprobaron la Ley Vera también mostró su ignorancia e insensibilidad social. En otras palabras, es una ley punitiva que amenaza y castiga a los que menos tienen, pues esa ley convierte en un delito la lacerante realidad de los desposeídos, cuyo crimen es que no les alcanza para un lotecito con servicios completos y permisos de las autoridades. Olvidaron los legisladores panistas todas las encíclicas que dicen regir sus principios… “La norma debe de servir al hombre y no el hombre a la norma”: Don Jesús Reyes Heroles
La política es para servir, no para servirse; es pasión, no sumisión; es negociación, no claudicación; es vocación, no tentación; es compromiso, no traición; es entrega, no beneficio. ¿Lo entenderán algunos?
Los fraccionamientos llamados “irregulares” han enfrentado una realidad que las autoridades no han atendido, y menos aún resuelto con conciencia social. Olvidaron que no se puede tratar igual a los desiguales, no es un problema de voluntad, es un problema de flujos de efectivo de los menesterosos. Estos fraccionamientos irregulares, satanizados por la Ley Vera, han cumplido con una función social: Ser la válvula de escape que ha evitado las invasiones urbanas. Los “irregulares” no invaden ni despojan a nadie, pagan su terreno, simplemente no han cumplido con un trámite administrativo. Son muy pobres…
Pero aún hay más: Como consecuencia de la Ley de marras, los municipios y SAPAL estaban impedidos de dotar de agua a los ciudadanos que viven en un terreno irregular, como si por esto hubieran perdido su calidad de seres humanos y de ciudadanos mexicanos. Pero eso sí, aprovechando la necesidad de las víctimas de la Ley Vera y, con la urgente necesidad de un poco de agua, el inescrupuloso legislador adquirió una flotilla de pipas para venderles agua a los desheredados del municipio. ¿Qué tal? ¿Dónde quedó el discurso de servir?
Pero también, así como hay abusivos mercachifles en política, también hay políticos con otra visión del servicio público. Este sería el caso del diputado Miguel Salim, que consciente de la absurda e insensible ley de marras, se empeñó en modificarla, con sentido social, legislando la ley “Agua para Todos”, que permite que los fraccionamientos irregulares puedan ser dotados de agua.
El diputado Miguel Salim siempre se ha caracterizado por su cercanía con el ciudadano y la claridad de pensamiento de lo que quiere emprender. Decía don Ernesto Gómez que “Miguel es el hombre de los proyectos y ejecuciones, que sabe tomar decisiones”. Servir desde la Administración pública es aportar para la construcción del funcionamiento colectivo, es generar progreso en lo público, es combatir la deshonestidad; pero, por desgracia, algunos olvidan que servir es inclinarse ante las necesidades del otro.
Por desgracia, hay resistencias que vencer, estos pobres ciudadanos sufren más que nadie el calor, porque siguen sin agua. Juan Pablo Delgado, candidato a alcalde por MC, representante de treinta colonias, promovió un amparo contra SAPAL porque el organismo privilegia dar agua a empresas en lugar de los ciudadanos de a pie, cuando debería de ser al revés. El organismo vende el agua más cara de México, de manera que acumula miles de millones de pesos y, por su parte, el Gobierno de Guanajuato tiene sudando 30 mil millones en bancos. ¿Qué estará faltando?