Por: Rafael Eugenio Yamín Martínez
El futuro de México no puede construirse sin la participación de los ciudadanos y sus organizaciones. La sociedad civil organizada ha vivido un intenso proceso de crecimiento en todo el mundo, y este fenómeno ha estado presente también en México.
Los ciudadanos a través de sus organizaciones asumen papeles y ocupan espacios antes reservados solo a los gobiernos. La nueva presencia ciudadana es una de las mayores esperanzas en la construcción de un México más próspero. La situación por la que atravesamos actualmente en México demanda la participación de toda la sociedad. Encontramos grandes carencias en amplios grupos sociales, y problemas como el deterioro del medio ambiente, la pobreza, la marginación y la desigualdad, persisten y crecen. La solución de estos problemas nos compete a toda la sociedad.
En las últimas décadas son cada vez más numerosos los grupos de ciudadanos que han adquirido conciencia de su responsabilidad social y se organizan en asociaciones para participar en alternativas de solución. Estas asociaciones también llamadas ONGs tienen autonomía e independencia del gobierno, realizan actividades no lucrativas, y sus esfuerzos van destinados a obtener el bien público.
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la cohesión social, el fortalecimiento de la ciudadanía, la prevención de la delincuencia entre otros.
Es importante aclarar que las ONGs no son las beneficiarias de aportaciones de recursos, sino las ejecutoras de proyectos, sumando a ello el trabajo voluntario de miles de personas, siendo los beneficiarios las personas y causas que atienden, y en ultima instancia, la sociedad guanajuatense en su conjunto.
Según datos del Centro Mexicano para la Filantropía, el estado de Guanajuato se encuentra rezagado en cuanto a la participación social, ocupando el lugar 30 en número de OSCs por cada mil habitantes, por lo que es importante multiplicar, profesionalizar y potenciar el trabajo de estas organizaciones.
Con el fin de poder lograrlo, era necesario buscar nuevas fuentes de financiamiento, por lo que hace más de 5 años, organizaciones de la sociedad civil, junto con un grupo de empresarios, plantean un “Modelo de Responsabilidad Social Compartida”.
La iniciativa replica los modelos exitosos de Fechac y Ficosec (Fundación del Empresariado de Chihuahua), que llevan más de 30 años trabajando en la solución de problemáticas sociales y de seguridad. Para ello, se planteó una aportación del sector empresarial de una “sobretasa” del 10% al Impuesto Sobre Nómina (0.30% de impuesto actualmente); “Recursos privados con recaudación publica”; cierto, al provenir de una recaudación vía impuesto, se convierten en recursos públicos y hay que manejarlos como tales.
Hoy se cuestiona la eficiencia de este modelo, el cual sin duda puede ser perfectible, simplificando sus reglas de operación y agilizando la asignación de recursos, dando por descontado la transparencia y eficacia en la administración de los mismos.
Por un mayor impacto en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo, por el bienestar de miles de guanajuatenses que encuentran una luz de esperanza en el trabajo de estas organizaciones, confiamos en que prevalezca el diálogo constructivo y se respete el fin original de esta iniciativa.
Sigamos trabajando por un Guanajuato que practique y promueva la subsidiaridad.