Quizá una cosa explique a la otra. Resulta que en los últimos años ha habido una serie de desacatos del gobierno a resoluciones de la SCJN. Hay al menos siete sentencias que han sido incumplidas según un reportaje de El Universal. La otra situación es la reforma judicial, cuyo objetivo central es someter a votación popular a jueces, magistrados y ministros, con el objeto de “combatir la corrupción”. Se trata de dos factores que se vinculan bajo una lógica autoritaria: el incumplimiento de la ley, cuando es contraria a los intereses gubernamentales, y un desmantelamiento radical a uno de los contrapesos más importantes de una democracia, el Poder Judicial.
Desde 2018 la SCJN ordenó al Congreso -por una acción de inconstitucionalidad- legislar sobre la siembra, cosecha y comercialización de la cannabis, lo cual no se ha cumplido. En 2019 dos amparos en revisión han sido desacatados, uno sobre la Ley General de la Consulta y otro sobre información para políticas de vivienda de sectores desprotegidos. En 2020 una controversia constitucional se hizo sobre la omisión de expedir la Ley General de Aguas. En 2021 otra controversia constitucional dejó sin efecto la declaratoria de interés público y seguridad nacional sobre proyectos y obras del gobierno. En 2022 una acción de inconstitucionalidad “invalida el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional”. Y el año pasado por una controversia constitucional se ordenó al Senado designar a las personas para ocupar vacantes del Inai, que estuvo varios meses paralizado hasta que la SCJN lo autorizó a funcionar con cuatro integrantes. En todos los casos hay incumplimiento .Hay otros casos en donde se ha fallado en contra de proyectos y reformas del Ejecutivo. Sin duda, aquí se ubica una parte importante de las motivaciones sobre la reforma para elegir a los juzgadores por voto popular.
Ya se ha estudiado en otros países lo que pasa cuando el Poder Judicial es capturado por un grupo que quiere gobernar sin contrapesos. Se asoman gestos autoritarios. Un ejemplo reciente lo vimos en Estados Unidos: la Corte Suprema tomada mayoritariamente por jueces conservadores donde tres de ellos fueron nombrados por Trump, le extendieron, por mayoría de seis contra tres, una carta de impunidad a uno de los expresidentes que ha sido declarado culpable de múltiples delitos, es decir, es un convicto.
La reforma al Poder Judicial se puede analizar desde diferentes perspectivas, pero queremos insistir en el error de elegir por voto popular a los juzgadores, cuando se trata de servidores que hacen carrera judicial. No sólo es una decisión equivocada, que se toma sin un diagnóstico claro, sin una previsión de las consecuencias y, sobre todo, sin una idea de cómo instrumentar esta elección. Hace unos días le preguntaron a AMLO sobre cómo se haría esa elección y la respuesta fue: que se trata simplemente de procedimientos y no habría ningún problema en establecerlos. Sobre este tema escuché una entrevista al ministro en retiro José Ramón Cossío con Carmen Aristegui (16/07/2024), que sirve para dimensionar lo que implican los procedimientos. Cossío le puso números y señaló que: en el Primer Circuito Judicial de la Ciudad de México hay 352 posiciones (juzgadores): 9 ministros de la SCJN, 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, 7 magistrados de la Sala Superior, 3 de la Sala regional, 5 del nuevo tribunal disciplinario, 115 de distrito y 213 magistrados de distrito, lo cual llevaría a tener boletas con 2088 nombres. El cálculo de Cossío es que se necesitan imprimir más de mil trecientos millones de boletas, lo cual llevaría a que cada ciudadano tendrá 169 boletas, más las de los jueces y magistrados de la Ciudad de México, otras 404 boletas, por lo tanto, a cada ciudadano le entregarían 573 boletas a la hora de votar. Además de los altísimos costos, queda el problema de que no coinciden los distritos electorales con los distritos judiciales.
No se tiene ni la más mínima idea de lo que implicará realizar esta votación. Esta elección es un despropósito del poder que no solucionará la impartición de justicia en el país, que urge atender…
* Investigador del CIESAS
X: @AzizNassif