Habitantes de Pueblo Nuevo de Mineral del Monte desmintieron haber llegado a un acuerdo con la SICT, por lo que continúa la suspensión de trabajos de construcción de un tramo de la carretera a Huasca.

Explicaron que la suspensión es debido a un amparo, ya que solicitan la indemnización mínima de 14 millones de pesos para 46 personas propietarias del tramo reconocido mediante decreto presidencial.

Indicaron que es falsa la versión del delegado del Centro Hidalgo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) Ernesto Jáuregui Asomoza sobre que la situación estaba solucionada y pronto abrirán la carretera.

SIGUE VIGENTE SUSPENSIÓN POR AMPARO

En conferencia de prensa integrantes de la Sociedad Real Zumate, quienes interpusieron el amparo por la afectación a sus terrenos por la carretera Real del Monte-entronque Huasca, mencionaron que el amparo sigue vigente.

Acompañados del abogado Julio Gálvez mencionaron que sustentan su propiedad con un decreto presidencial de 1924 por el que se le dota a la ranchería de Pueblo Nuevo y los pobladores de una superficie de 906 hectáreas.

Debido a los trabajos iniciales para la construcción carretera el exgobernador Omar Fayad se encargó de pagar las afectaciones a los propietarios para bajar los recursos federales.

DERECHO A INDEMNIZACIÓN 

Sin embargo, la administración anterior les pagó las tierras a personas que acreditan la propiedad con jurisdicciones voluntarias o propiedades posteriores al decreto de 1924 de los comuneros de Pueblo Nuevo

“No estamos peleando la propiedad ni la concesión, es un derecho de amparo donde acreditamos con el decreto tener la propiedad y tenemos derecho a una indemnización”, refirieron.

Reiteraron que la carretera no se va a abrir porque continúa la suspensión hasta en tanto le hagan caso a los habitantes con base en el decreto y le reconozcan la propiedad que tienen desde hace mucho tiempo.

CONSIDERAN BLOQUEAR CARRETERAS PARA SER ESCUCHADOS

Comentaron que el gobierno anterior reconoció a otras personas como propietarios, entre ellos alrededor de 12 políticos que cuentan con su respectiva cabaña en ese lugar.

No obstante, precisaron que no pelean la propiedad o el dinero que les pagaron a los supuestos dueños, sino que están pidiendo una indemnización por el decreto presidencial que los avala como propietarios originales.

Por tanto, el tramo de aproximadamente un kilómetro de la obra permanecerá cerrada por la suspensión, y si no les hacen caso considerarán tomar otras medidas y acciones, como el cierre de carreteras para que les reconozcan sus derechos.

El amparo indirecto se encuentra con número 321/2024 se encuentra en el Juzgado Tercero de Distrito de la Consejo de la Judicatura Federal, y agregaron que una vez que sean indemnizados el amparo quedaría sin efectos.