Celaya, Guanajuato.- Ya con las instalaciones adecuadas, la capacitación de jueces y el sustento legal, hasta el 2023 ya podría haber en Celaya los primeros juicios cívicos.

A pesar de que este 24 de octubre era el plazo para que entrará en rigor en los municipios el nuevo modelo de Justicia Cívica que emigra del modelo de barandillas y faltas administrativas, en Celaya podría estarse aplicando hasta el 2023.

Esto porque todavía no tiene el sustento legal, es decir no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado, no se tiene las adecuaciones físicas y no se han realizado las capacitaciones a los jueces, así lo dio a conocer Carlos Ruiz, síndico del ayuntamiento y presidente de la Comisión de “Gobierno, Reglamentos y Justicia Municipal”.

“Recordemos que todos los reglamentos, una vez que queden debidamente publicados en el periódico oficial del estado, ya tiene la aplicación, recordemos que este reglamento, ya fue aprobado en sesión de ayuntamiento, falta el proceso de la publicación en el periódico oficial del estado, en su momento ya tendrá su aplicación”, declaró el síndico.

Dentro de los artículos transitorios de este reglamento, se va dejar un periodo para entrar organicamente y presupuestalmente 120 días para llevar a cabo la ejecución del mismo,

Ya está aprobado en sesión de ayuntamiento, falta la publicación correspondiente y se tiene planeado hacer infraestructura, específicamente cuatro juzgados, tres van a quedar en la delegación norte en el interior y uno más en Pípila, y se van a hacer unos condicionamientos, de los cuales, ese presupuesto ya está en PGO y ya están firmados los contratos, por lo que se van a empezar a realizar las modificaciones correspondientes para tener los espacios dignos y poder atender de manera adecuada, el personal debidamente capacitado para poder brindar atención  a la ciudadanía y al proceso”, refirió.

Para el proyecto integral, que contempla modificación, adecuación y capacitación es de 3 millones de pesos aproximadamente.

La Ley de Justicia Cívica marcaba el día 24 de octubre, sin embargo, cuando nace esta ley, fue en el ayuntamiento anterior, infortunadamente no se revisaron las acciones necesarias para tener la aplicación, tanto de las instalaciones como de la parte normativa.

Por lo que va de la administración actual, han estado trabajando en lo conducente, e incluso la Secretaria de Seguridad Ciudadana están laborando en su áreas afines.

Una vez que se aprobó en el ayuntamiento, secretaría del ayuntamiento manda la información al periódico oficial del estado, a la dirección jurídica del periódico, donde ellos, hacen el trabajo para la publicación, generalmente la tardanza es de dos a tres semanas, dependiendo de la carga laboral del mismo periódico oficial del estado.

“Esperemos que a principios del próximo año, podamos ya tener tanto las instalaciones adecuadas como la parte de personal, la capacitación para poder estar actuando”, resaltó.

Para recordar

El Pleno del Senado avaló un proyecto de decreto que incluye a la justicia cívica como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia.

Se busca, pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas y penalización de conductas delictivas, a la incorporación de una visión de justicia cívica que complementa el sistema vigente, a fin de facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad.

El proyecto de decreto fue aprobado con 94 votos a favor y fue enviado a la Cámara de Diputados.

El dictamen establece que será competencia de las autoridades administrativas, la aplicación de sanciones por las infracciones en los reglamentos del gobierno y de la policía, las cuales consistirán en amonestación, multa, reparación del daño, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad.

Pero si el infractor no pagase la multa impuesta, se permutará por un arresto, que no excederá en ningún caso de 36 horas. El trabajo a favor de la comunidad no deberá conmutarse por multa, salvo las excepciones que establezca la ley.

GT

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