Celaya, Guanajuato.- La Policía Municipal de Celaya incumplió con los protocolos de seguridad durante el ataque ocurrido en la Comandancia Norte en abril de 2019 que provocó la muerte de dos personas, por lo que se tendrá que otorgar una compensación económica a una de las familias de las víctimas.
Así lo establece la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato en su expediente 96/2019-C, que señala una serie de anomalías por parte de 10 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El 18 de abril de 2019, la Comandancia Norte de Celaya fue blanco de un ataque armado por parte de personas que ingresaron al inmueble aparentemente para rescatar a un hombre que había sido detenido.
El ataque a las instalaciones de seguridad, ubicada en la Ciudad Industrial, provocó la muerte de una persona que estaba detenida, un juez calificador y dos presuntos delincuentes que fueron abatidos en una persecución.
El expediente de la Procuraduría de los Derechos Humanos señala que la pareja de la víctima que murió en la comandancia explicó que previo al ataque había sido detenido y llevado a la Comandancia Norte.
Faltaba personal y candados
Durante las investigaciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que era encabezada en ese entonces por Juan José Gónzalez González, reconoció que no siguieron los protocolos para el ingreso de sus instalaciones.
Una vez analizadas las constancias que integran el expediente, se corroboró que ese día, estuvieron trabajando 10 personas integrantes de los cuerpos de policía municipal de Celaya en el Centro de Detención Municipal Norte, quienes señalaron falta de personal en el pórtico dos, falta de candados en las rejas del pasillo y dijeron haber sido sorprendidas por personas externas que acudieron en vehículos”, señaló la PRODHEG.
El documento indica que hubo una víctima directa y dos indirectas, por lo que giró oficio a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para proceder su ingreso al Registro Estatal de Víctimas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá reparar el daño mediante una indemnización apropiada y proporcional.
“La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas deberá determinar el monto de la compensación económica que corresponda, debiendo considerar especialmente la pérdida de la vida, así como gastos funerarios generados, y la autoridad deberá cubrir, o en su caso, reembolsar a las personas víctimas indirectas la totalidad de los gastos económicos que hayan sido erogados”, puntualiza.
Además, se deberá iniciar una investigación para deslindar responsabilidades administrativas por las omisiones al dar debido y oportuno seguimiento a la salvaguarda de los derechos humanos de la víctima.
DAR