León.-Los riesgos legales se incrementan con las modificaciones a la Reforma Fiscal, señalaron expertos en temas contables y legales.
Por ejemplo, se puede caer en un delito fiscal cuando un prestador de servicios emite una factura, si por alguna causa éste llegase a caer en una irregularidad, todos los participantes quedarán involucrados.
Adolfo Anguiano González, consejero de la Barra Mexicana de Abogados, detalló que desde el punto de vista jurídico, el 2020 será un año complicado, lleno de incertidumbre y expectativa.
Señaló que la venta de facturas es una práctica nociva, sin embargo la forma fiscal en la que se combate generará un efecto negativo.
Lo criticable son los mecanismos que se emplean para combatir un tema, ahí está la deficiencia”, advirtió el abogado.
El efecto colateral es que el empresario detendrá la inversión. Si hubiera capacidad técnica y voluntad política para hacer las leyes adecuadamente, el resultado sería distinto, señaló Anguiano González.
En este sentido anticipó que las implicaciones para los empresarios pueden ser netamente fiscales o de corte penal. Incluso la defraudación fiscal, cuando se rebasan ciertos montos, se considerará delincuencia organizada, un delito grave que requerirá prisión preventiva.
Las leyes quedan tan abiertas que, el día de mañana una persona que no tuvo la intención de cometer una defraudación fiscal puede caer en una prisión preventiva. Combate sí, de frente, endurecer penas, pero no te lleves a todo mundo en la misma bolsa”, señaló el especialista.
Por su parte Ignacio Javier Chávez Borrego, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de León, expuso que la simulación de operaciones es una acción indebida.
La venta de facturas siempre existió explica el especialista. Hubo un tiempo en el que los contribuyentes abusaban de estas prácticas. No obstante, esta actividad ilegal debe ser castigada ejemplarmente por aquel que la realiza.
Las reglamentaciones que tenemos tratan de acotar tanto las actividades, que esto da origen a que el contribuyente que haya actuado de buena fe, se vea inmiscuido en situaciones ilícitas”, remarcó.
Chávez Borrego señaló que cuando un contribuyente es publicado en la lista negra del SAT, la autoridad puede considerar que todas las operaciones que se realizaron entre los contribuyentes son ilícitas.
De las operaciones que hoy legalmente se hacen no se pueden tener la certeza de que en un futuro no puedan ser consideradas ilegales. Partimos de la buena fe, por ese abuso, ahora nos están llevando a todos, eso es lo que se critica”, concluyó.