León, Guanajuato.- De aprobarse la reforma judicial, se corre el riesgo de incumplir con el T-MEC en temas de anticorrupción, condiciones laborales y contexto democrático.
Susana Camacho, co-coordinadora del programa de justicia México Evalúa, detalló que en estos tres capítulos identificaron que la reforma podría afectar.
“Por más que tengamos firmado un tratado ¿quién va a venir a México a invertir? A Estados Unidos les preocupa la certeza de lo que está ocurriendo acá”.
Ante este panorama la pregunta es qué tanto va a disminuir la inversión en México por la incertidumbre jurídica, considerando que los encargados de resolver un caso, al ser emanados por elección popular, pueden tener una influencia partidista, económica o ser parte del crimen organizado.
La especialista explicó que el desmantelamiento del Poder Judicial significa liquidar a más de 50 mil empleados, con una década de trabajo. Si esto fuera una empresa, sería inviable esta operación.
Detalló que los efectos económicos tienen distintos alcances, el presupuesto para las elecciones y campañas, finiquitos, más la pausa en los procesos para que tomen el cargo los nuevos jueces; esto tiene un costo.
Precisó que entre los costos directos está organizar las elecciones de cinco mil cargos, de jueces y magistrados, de todas las materias civil, penal, familiar, mercantil, tanto en lo federal como en lo estatal. Otro costo de este proceso serán las campañas.
Se debe considerar un presupuesto para la liquidación de jueces y personal en general, la reestructura significa un recorte de personal.
Susana Camacho refirió que la mayoría de los jueces han estado al menos diez años y se tiene que indemnizar por cada año, “a eso súmale el resto del personal”.
¿Por qué todo ese dinero que se va a gastar en elecciones, campañas, no lo invierten en los poderes judiciales estatales que tienen importantes carencias?”, cuestionó.
Señaló que se debe considerar que la reforma toca al Poder Judicial Federal, como a los 32 poderes judiciales de los estados.
Están en el limbo
La co-coordinadora expuso que en la defensoría pública federal, prácticamente los defensores no tienen derechos laborales, ya que están contratados por honorarios.
Esto significa que de ser despedidos solo recibirán la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.
“De las mejores defensorías del País, está en esta institución y siempre están en el limbo laboral”.
Agregó que tienen pocas prestaciones, “a eso es a lo que le está apostando el Gobierno; en el fondo lo que implica es que están sufriendo explotación laboral, las condiciones laborales son precarias.
La especialista invitó a reflexionar: “¿Quién quisieras que resolviera los conflictos entre empresas?” y destacó que la reforma judicial no conviene que se de, ya que ven una concentración del poder.
Recordó que desde México Evalúa han estado dando seguimiento al proceso, desde que se presentó la iniciativa hace un par de años.
Consideró que la reforma es una manera de tener control por la próxima Presidenta, lo que es a todas luces injusto.
Camino a Venezuela
Susana Camacho reconoció que el panorama no es muy alentador y que las dictaduras no suceden de un día para otro. “A Venezuela le llevó años estar en la situación que actualmente está. El deterioro es paulatino, a lo mejor en este gobierno no lo vimos tan fuerte porque hubo contrapeso, pero ya no los hay. La reforma judicial es la primera y de ahí vienen en cascada las demás.
AAK